Reforma de pensiones y redistribución: ¿quién paga?

El proyecto de ley de reforma de pensiones del Gobierno propone, entre otros cambios al actual sistema, una mayor redistribución desde personas de ingresos altos a aquellas que, por sus sueldos bajos o porque cotizan muy pocos años durante su vida laboral, cuando alcanzan la edad de retiro no pueden optar a una pensión autofinanciada (financiada con sus cotizaciones) de una cuantía mínima.

En el segundo caso hay mujeres y grupos que, por distintas razones, deben salir del do laboral por períodos largos de tiempo (por maternidad o porque asumen tareas de cuidado de terceros). El fin de estas propuestas es, sin duda, loable.

Esta redistribución se logra con la creación de un nuevo mecanismo, el Seguro Social administrado por el Administrador Previsional Autónomo (APA), y con el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que aumenta tanto su monto como su cobertura.

Los montos asociados a estas iniciativas no son menores: en el primer caso el potencial que se podría llegar a redistribuir es, en régimen, del orden de 1,5% del PIB (si todo el incremento de la tasa de cotización de 6% se destina a redistribución y suponiendo que la masa salarial de los trabajadores formales crece a la misma tasa que el PIB), mientras que en el segundo caso estamos hablando de un 0,5% del PIB aproximado, también en régimen. (...)