El derecho a la educación y la libertad de enseñanza

“La educación de las nuevas generaciones es un aspecto clave en el desarrollo y transformación personal, comunitaria y también social de nuestro país. Las familias refieren que la educación de sus hijos e hijas es el derecho más importante, es decir, su meta y anhelo primordial. Es deber del estado proveer una educación pública de calidad, sin embargo, en educación, -como en otros ámbitos de nuestra vida en comunidad-, es evidente que lo público no se restringe a lo estatal. Ejemplos de establecimientos de identidad y carácter público no estatal, son abundantes tanto en la educación primaria, secundaria y también en la educación superior.

Por su parte, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos e hijas es de especial importancia, está consagrado en la Constitución desde hace ya más de cien años y forma parte esencial del pluralismo que queremos seguir construyendo en nuestro país. También, la Declaración de los Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la consagra, dando así un carácter global que es evidente en este derecho. Así, la libertad de enseñanza es de vital importancia, y significa reconocer un hecho que es crucial, y es que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. En esto no debiera haber dudas.

"La educación superior debe seguir contando con proyectos académicos innovadores y de calidad, que avancen en la creación de nuevo conocimiento para el desarrollo futuro de nuestro país. Grandes desafíos a plasmar en la nueva Constitución”- rector Ignacio Sánchez.

En nuestro país, debido a la escasa cobertura de educación estatal, -en todos los sectores de la educación-, la educación particular ha debido asumir compromisos de educación en diferentes sectores de nuestra población. Es así como en varios lugares de nuestro territorio, los colegios particulares subvencionados, -laicos y de distintas iglesias-, son las propuestas de mayor calidad que asumen los desafíos de educar a estudiantes y familias vulnerables. En la educación superior por otra parte, el aporte de carácter público no estatal, -sector agrupado en las universidades de la Red G9-, ha dado muestra de calidad, innovación docente, liderazgo en investigación, compromiso con las comunidades y preocupación por las necesidades del país. Durante esta pandemia, son innumerables los aspectos en que se ha demostrado este aporte, solo como un ejemplo, se destacan los estudios clínicos que permitieron la actual campaña de vacunación.

La libertad de enseñanza y el rol del estado en su aporte de educación pública de calidad se pueden complementar, fortalecer y no ser contrapuestos. El trabajo de la Convención para la redacción de una nueva Carta Magna, debe considerar un modelo educativo escolar integral, de calidad, orientado al bien común, de carácter público, -estatal y no estatal-, plural y orientado a satisfacer las necesidades de los niños, niñas y sus familias. Por su parte, la educación superior debe seguir contando con proyectos académicos innovadores y de calidad, que avancen en la creación de nuevo conocimiento para el desarrollo futuro de nuestro país. Grandes desafíos a plasmar en la nueva Constitución”.