“El desafío del Mineduc es plantear un nuevo modelo de financiamiento”

Invitado por la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, en su calidad de presidente de las Universidades Públicas agrupadas en la Red G9, el rector Carlos Saavedra, de la U. de Concepción, expuso el miércoles 1 de junio respecto de los alcances que tiene para las instituciones de la red el proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidos en el Título V de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad.

En el contexto inicial de la presentación expuso que, como integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), ha existido unanimidad en las instituciones en relación con los aranceles regulados en cuanto a que: deben contemplar la totalidad de los costos asociados a los procesos formativos, en especial el grado de complejidad de los ambientes formativos y la interrelación que existe entre los pilares misionales de las instituciones, especialmente la sinergia existente entre la generación de conocimiento por parte de las y los especialistas que imparten docencia; conocer los aranceles regulados para un pequeño grupo de carreras no eliminará las incertezas para las instituciones del CRUCh, especialmente si este grupo de carreras no coincide con el que se ha contemplado en las bases anteriores; se debe definir un calendario de trabajo específico para abordar en ley de Presupuesto 2023, por glosa presupuestaria, que permita modificar los artículos transitorios trigésimo quinto, trigésimo octavo y ciento ocho.

El rector Saavedra fue enfático en señalar que “es crucial y es determinante para las universidades tener certeza acerca de lo que va a implicar los aranceles regulados en el largo plazo, y avanzar por grupos de carrera no es lo más constructivo en este proceso”. Saavedra agregó que si existe la posibilidad de generar un modelamiento integral y que las instituciones puedan tener certezas acerca de lo que se viene en el futuro en términos de financiamiento por concepto de aranceles regulados, “entendemos que básicamente el desafío del Ministerio de Educación en este momento es plantear un nuevo modelo de financiamiento”.

"Es crucial y es determinante para las universidades tener certeza acerca de lo que va a implicar los aranceles regulados en el largo plazo, y avanzar por grupos de carrera no es lo más constructivo en este proceso” - Carlos Saavedra, presidente Red G9 y rector de la UdeC.

Modificaciones propuestas en articulado de la Ley de Educación Superior

En el marco de la factibilidad de realizar modificaciones a la normativa que regula la determinación de los aranceles regulados, el rector Saavedra expuso ante la Comisión de Educación algunas propuestas de modificación de los artículos transitorios trigésimo quinto, trigésimo octavo y ciento ocho de la Ley de Educación Superior, que permitirían una mejora en el financiamiento de la gratuidad en las universidades.

En términos del artículo 35º, el presidente del G9 enfatizó la importancia de indicar “que este artículo transitorio no resulta del todo claro en su aplicación para garantizar la reajustabilidad de los aranceles durante la vigencia de estos artículos transitorios, es decir, hasta que todas las carreras ingresen al plan de aranceles regulados definitivos. Entonces, en términos de la responsabilidad, lo que proponemos aquí es una modificación del texto muy específica que permita garantizar que se pueda incorporar en forma explícita lo que está en la Ley, agregando un elemento que es muy breve, estos dos puntos porcentuales complementarios al IPC anual y que diga por cada año calendario considerado en el periodo de reajuste y esto permite generar garantías a las Instituciones de Educación Superior”.

En cuanto al artículo 38º, las Universidades G9 proponen cambiar los años que se indican en estos artículos transitorios, dado que los aranceles, los derechos básicos de matrícula, se definieron al año 2015 y se han reajustado anualmente en función de los indicadores que experimentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese caso era en 2014, entonces lo que se propone es actualizarlo al año 2022; entonces, se reemplazará allí el año 2015 por 2022, y el 2014 por 2021. “Esto parece muy técnico, pero permite resolver varios temas estructurales asociados al artículo 38º que agregaba impedimentos para un conjunto de instituciones de acceder a los aranceles reales durante este tiempo”, agregó Saavedra.

Referente al artículo 108, Saavedra argumentó que la propuesta “es levantar esta restricción respecto del cobro del 50% que hoy tiene que ser con costo a las instituciones, en este caso de G9, de CUECh, de CRUCh. Proponemos que sea con cargo a mantener la gratuidad por este periodo como extenderla hasta un 100% y no un 50% como se ha estado haciendo hasta ahora”.

El rector  Saavedra expuso ante la Comisión de Educación algunas propuestas de modificación de los artículos transitorios trigésimo quinto, trigésimo octavo y ciento ocho de la Ley de Educación Superior, que permitirían una mejora en el financiamiento de la gratuidad en las universidades.

Necesario reconocimiento histórico

En la sesión de la Comisión de Educación del Senado, Carlos Saavedra se refirió a algunos puntos de interés para las Universidades que conforman la agrupación y que fueron abordados por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

El rector Saavedra  manifestó que desde la Red se comparte a cabalidad la preocupación del Gobierno por atender a las universidades que dependen jurídicamente en términos directos del Estado; sin embargo “nuestras instituciones han formado parte del desarrollo histórico del sistema universitario durante prácticamente 80 años, desde que se creó el CRUCh en el año de 1954;  en un inicio, seis de las instituciones que hoy día pertenecen a G9 más dos universidades estatales -la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado- en ese momento conformaron CRUCh, e incluso en el año 1971, en la reforma constitucional a la Constitución de 1925, se generó un reconocimiento simétrico a todas las instituciones que formaban parte del Consejo de Rectores en ese momento. Entonces nos preocupa, y debemos indicarlo también en este espacio, que esto no genere diferencias de largo plazo, o que olviden el aporte histórico de nuestras instituciones”.

Desde la Red G9 se ha manifestado en diversas instancias la relevancia de que el Gobierno y la nueva Constitución reconozcan “el aporte histórico en términos de contribuciones al bien común y a la generación de políticas públicas y al desarrollo en nuestro país, proporcionado por las Universidades del  G9 y, por lo tanto, debiese ponerse atención en esto también desde el (Poder) Legislativo para cuidar el patrimonio de nuestro país a través de las instituciones que integran hoy el G9”, enfatizó en su presentación Carlos Saavedra.

Este proyecto de “ley corta” fue discutido en una sesión que contó con las y los senadores de la Comision de Educación y  la participación de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa; el rector Juan Manuel Zolezzi, de la U. de Santiago, vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh); el rector Osvaldo Correa, de la U. de Valparaíso, presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh); la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional Heidi Berner de la U. de Chile y el rector Carlos Saavedra, de la U. de Concepción, presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9.