En Comisión de Educación del Senado: académicos presentan política contra la violencia sexual UC

Con una presentación de 75 diapositivas, estudios de respaldo y la experiencia de la implementación de una política que está próxima a cumplir tres años llegaron Roberto González y Cecilia Rosales a la Comisión de Educación del Senado de Chile. ¿El objetivo? Hablar sobre el desarrollo e implementación de la política de Prevención y Apoyo a Víctimas de la Violencia Sexual en la UC, a propósito de un proyecto de ley que está impulsando el Senado y que busca regular el acoso sexual en el ámbito académico.

“La Comisión estaba discutiendo y recibiendo invitados para analizar experiencias desarrolladas por distintas instituciones de educación superior en el marco del desarrollo de un nuevo cuerpo legal orientado a normar el acoso sexual en contexto de educación superior. Nos contactaron para presentar en la Comisión lo que la UC había hecho al respecto y para comentar y hacer sugerencias al documento en el que están trabajando”, explica Roberto González, ex presidente del Consejo de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual en la UC.

La presentación partió con un resumen de las principales iniciativas implementadas en la universidad entre el 2016 y el 2018 en el marco de la instalación de la política. Junto con Cecilia Rosales, actual presidenta del Consejo de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, explicaron lo que fue el desarrollo de la política, la creación de los protocolos de acción, los programas de prevención, el lanzamiento de los lineamientos que regulan la relación académicos-estudiantes, la campaña comunicacional contra la violencia sexual, la creación de una unidad especializada de prevención y apoyo a las víctimas y la puesta en marcha del estudio de seguimiento y evaluación de impacto que se espera tenga esta política en la UC.

En la sesión participaron los senadores José García (RN), Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC) y Ena Von Baer (UDI). La presentación abordó especialmente los ejes de la política: la prevención, los aspectos normativos, los protocolos de acción y el acompañamiento a las víctimas y la comunidad.

Compartir la experiencia desarrollada en la UC

La política de prevención de violencia sexual de la UC ha instalado distintos instrumentos para recibir constante retroalimentación por parte de la comunidad, a la que también se buscó sensibilizar en estas materias. De igual manera, la política busca articular distintos sistemas de apoyo, tanto internos (Salud Estudiantil, Unidad de prevención y apoyo a víctimas, Clínica Jurídica) como externos (sistemas de Salud pública o privada que brindan orientación tratamientos especializados).

Según González, se ha aprendido mucho a partir del trabajo realizado en la universidad a través de la revisión de experiencias internacionales y de la literatura especializada, el cual indica, es necesario compartir con otras comunidades académicas, incluyendo a los legisladores. A su juicio, muchos de estos aprendizajes no estaban del todo presentes en el cuerpo legal que estaba siendo propuesto por los senadores.

“Uno de esos elementos clave fue el hecho de que esta iniciativa legal estaba prioritariamente focalizada en el acoso sexual que involucra a docentes y estudiantes, situaciones que representan un porcentaje menor del universo de casos de acoso sexual que se dan en los contextos universitarios. Por eso, una de las primeras recomendaciones ante la Comisión fue considerar las situaciones de acoso sexual que ocurren entre estudiantes.

Los profesionales UC ecomendaron que la norma hiciera explícita la necesidad de investigar hechos de acoso sexual que se producen dentro de sus dependencias o de hechos que involucran a miembros de la comunidad en actividades organizadas por la universidad fuera de sus dependencias o de hechos de acoso sexual que involucran a académicos y estudiantes, independiente del contexto donde ocurran debido a la asimetría de poder que se da entre ellos, y que el rol docente no cambia al estar fuera de la institución.

También aclararon que la institucionalidad no puede regular la totalidad de las relaciones sociales entre miembros de la comunidad y que existen hechos que se escapan del margen de acción. También explicitaron la necesidad de interrumpir el contacto entre denunciante y denunciado como una medida de resguardo mientras se llevan a cabo los procesos de investigación, entre otros puntos.

Especialmente importante fue la recomendación de que las instituciones de educación superior constituyan unidades especializadas, con profesionales ad hoc, que les permitan, por una parte, llevar a cabo los procesos de investigación, y por otra, acompañar y orientar a las víctimas de manera adecuada. “No es recomendable que estos procesos se lleven a cabo por comisiones conformadas por estudiantes, académicos o funcionarios” indicó González.

“Los senadores y senadoras pudieron generar una serie de preguntas que requerían un análisis que ellos, según indicaron, no habían visto en sesiones previas de discusión de la iniciativa legal. Por nuestra parte, sentimos que pudimos transmitir nuestra experiencia identificando aspectos centrales a considerar en la nueva ley que aseguren su mejor funcionamiento. Esta reflexión hizo que los senadores y senadoras tomaran la decisión de posponer la votación en la sala hasta incluir parte de las recomendaciones que plasmamos en un texto escrito para muchos de los artículos por ellos propuestos. Se nos informó que ahora vendrán más conversaciones y una nueva etapa para poder reaccionar ante el nuevo cuerpo legal que se redacte en la Comisión”, concluye González.

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