En el Instituto de Estudios Urbanos expertos debaten acerca de la gestión de riesgo ante los aluvion

Frente al escenario de los últimos desastres naturales producidos en algunas ciudades del norte de Chile resulta imprescindible revisar y analizar las políticas de riesgo y planificación territorial que existen actualmente en nuestro país. ¿Estamos haciendo buenos planos reguladores? ¿Estamos definiendo bien las zonas de riesgo? ¿Qué metodologías estamos empleando para definirlas? ¿Cómo podemos asegurar que las zonas de riesgo que estamos determinando van a permitir una seguridad efectiva para la población? ¿Con qué información efectiva contamos para desarrollar y revisar los planos reguladores? Interrogantes como éstas fueron abordadas recientemente en la charla “Desastre en las ciudades del norte de Chile, reflexiones a partir de una mirada ambiental y territorial”, organizada el  Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. 

Los académicos Kay Bergamini, Cristián Henríquez y Roberto Moris coinciden en que Chile no cuenta con una gestión del riesgo adecuada ni una política pública bien definida al respecto. Y esto, sin duda, marca el diagnóstico frente a los aluviones que afectaron a Copiapó, Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Huasco y otras localidades del norte del país. Durante la fase de emergencia propiamente tal reconocen avances, principalmente en la gestión de viviendas de emergencia, pero identifican, al mismo tiempo, una clara falta de articulación y planificación más integral frente a los desastres.

Como punto de partida, para entender y analizar la gestión de riesgo que hay detrás de estos aluviones resulta esencial examinar los planes reguladores. De acuerdo al análisis del profesor del Instituto de Estudios Urbanos, Kay Bergamini, en el caso de Chañaral, este tipo de instrumentos no consignó el riesgo por inundaciones, y, en el caso de Tierra Amarilla resultó inexistente. “Ciertamente, aquí el plan regulador que debiese dar seguridad a la población ha sido insuficiente”, acentuó. El geógrafo es crítico, además, ante la falta de información abierta y pública respecto a este tipo de antecedentes: se desconocen las propuestas, los objetivos ambientales y otros contenidos fundamentales para el análisis territorial. “Contar con información oportuna y actualizada es relevante para poder realizar una gestión adaptativa en los instrumentos de planificación territorial”.

Para tener una mejor comprensión de los sistemas ambientales en la planificación de políticas de riesgo, el profesor Bergamini apunta a los conceptos de cambio (es preciso contar con una gestión adaptativa a las variables que se vayan presentando), complejidad (los fenómenos ambientales son complejos y hay que asumir esa condición), incertidumbre (se desconoce lo que va a ocurrir, pero se pueden proyectar las zonas de riesgo) y conflicto (se debe tener presente los distintos intereses en el territorio). 

Hay actores externos, además, que no pueden ser excluidos en este análisis. En el caso de Tierra Amarilla, donde no ha habido planificación territorial, conviven zonas urbanas con la industria minera. Según el profesor Bergamini, este tipo de situaciones debe ser considerada en la evaluación ambiental estratégica, pues una de las infracciones más recurrentes de la minería en temas hidráulicos es, precisamente, la falta de construcción de canales perimetrales que favorezcan la mitigación del riesgo asociado a este tipo de operaciones. 

Los expertos coinciden en que es en la etapa de planificación donde se encuentran los principales desafíos de la autoridad para determinar cómo logramos ciudades más sustentables y resilientes ante los desastres. Ahora bien, el desarrollo de planos reguladores apropiados y oportunos no sería la única forma de gestión de riesgo. En este plano, “podría darse el caso de que hay una combinatoria más compleja que tiene que ver con cambio climático, infraestructura, y evidentemente con la zonificación territorial”, señaló el geógrafo Cristián Henríquez. “Sin duda, se necesitan articulaciones y consideraciones de riesgos más amplias, soluciones más innovadoras, estratégicas y más adecuadas a una gobernanza ambiental”.

“Como lo demostró en su exposición Kay Bergamini hay estudios previos que desencadenaron este desastre”, señaló Víctor Orellana, sub director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). “Como organismo de gestión de la emergencia tenemos que rehabilitar rápidamente, pero esas medidas de rehabilitación no tienen que afectarnos en el futuro. Muchas veces las respuestas de rehabilitación del ámbito de la emergencia condicionan la fase de una reconstrucción”. La instalación de barrios y viviendas de emergencia en la misma zona de riesgo puede acrecentar la situación inicial, por lo que resulta relevante una previa y eficaz planificación territorial.

Ante el perfeccionamiento de las políticas actuales de riesgo y planificación “se requiere un ordenamiento territorial en que se manifieste claramente cómo las distintas acciones del Estado y de la sociedad en general condicionan el desarrollo de las ciudades”, advirtió el profesor Roberto Moris. “Concuerdo en que tenemos un cierto desfase con los planos reguladores. Es tan débil la manera en que se incorporan que solo con algunos profesionales y en algunos lugares especiales se ha podido avanzar. No es el sistema el que nos ha preparado para ello, por lo tanto, ésa es uno de las primeras debilidades institucionales que tenemos”.

En este escenario, todos los expertos concordaron en que resulta esencial avanzar en la evaluación social de proyectos territoriales, incorporando todas las variables de riesgo con control, seguimiento y adaptación. Y para ello es necesario fortalecer las estructuras de coordinación como municipios e intendencias, y contar con el trabajo de especialistas pertinentes, a través de una visión integrada y transdisciplinaria que incluya al Estado, a los privados y a la academia.

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Marcela Guzmán, mguzman@uc.cl