Especialistas analizan la crucial importancia del Poder Judicial en la nueva constitución
La abogada e investigadora de Clapes UC Karin Moore lideró un panel compuesto por los destacados abogados y miembros de la Comisión Experta del nuevo proceso constituyente: Paz Anastasiadis; Hernán Larraín, exministro de Justicia; Domingo Lovera, y Catalina Salem.
Clapes UC desde sus inicios se ha interesado en discutir temas constitucionales, y en esa línea es que esta semana se realizó un encuentro virtual sobre el sistema judicial en la nueva constitución, al que fueron convocados destacados miembros de la Comisión Experta del nuevo proceso constituyente y donde se abordaron las bases constitucionales del Poder Judicial y su crucial importancia para nuestro Estado de Derecho.
Karin Moore, abogada e investigadora principal de Clapes UC, fue quien dio inicio al encuentro y estuvo a cargo de un panel compuesto por los destacados abogados y miembros de la Comisión Experta: Paz Anastasiadis; Hernán Larraín, exministro de Justicia; Domingo Lovera, y Catalina Salem.
A través de distintas presentaciones y respondiendo consultas de la audiencia, la conversación giró entorno al diseño de la magistratura propuesto en el anteproyecto.
¿Excesiva atomización?
La propuesta de la Comisión Experta propone la separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Es así como para el nombramiento, función disciplinaria, formación de jueces y gestión y administración del Poder Judicial, existirá un órgano por cada función y cada uno actuará de manera autónoma y coordinadamente. Asimismo, se plantea una Comisión Coordinadora de Justicia que armonizará el actuar de esos cuatro organismos con la Corte Suprema.
Paz Anastasiadis destaca que el trabajo estuvo centrado en crear una nueva gobernanza judicial dividida según sus funciones logrando un contrapeso entre todos los órganos del Estado.
Para el exministro de Justicia, Hernán Larraín, se trata de ̈una innovación muy significativa, pero manteniendo lo sustancial del poder judicial que es su función jurisdiccional, sin buscar ir más allá de su potestades ̈.
Frente al fantasma de una atomización del poder judicial, Domingo Lovera señala que lo que se pretende es institucionalizar en esta comisión coordinadora aquellas prácticas que se dan actualmente. Por su parte, Catalina Salem refuerza lo anterior al decir que estos cuatro órganos van a cumplir funciones que hoy día realizan los tribunales de Justicia: ̈no son funciones desconocidas para el poder judicial de hecho cuando recibimos en audiencia a la Corte Suprema los mismos ministros de la Corte Suprema nos enumeraban todas las funciones que tienen y que están detalladas en el código orgánico de tribunales ̈.
Por otro lado, se discutió también entorno a la justiciabilidad de los derechos sociales y de las sentencias que producen efectos erga omnes, produciendo cambios estructurales a nivel de políticas públicas. Esto, porque el recurso de protección concebido por el proyecto de la Comisión Experta establece en primer lugar la posibilidad de que la Corte Suprema agrupe recursos de una misma naturaleza y, en segundo lugar, si es conveniente que proceda la protección de derechos sociales (salud, vivienda, educación, etc.) en caso de que exista una discriminación en el acceso a estas mismas.
Para Catalina Salem la acción de protección como la conocemos hoy día se mantiene igual para los derechos civiles y políticos clásicos. Sin embargo, el anteproyecto establece una acción de cumplimiento para que aquellos derechos sociales que han sido desarrollados en una ley. Entonces, si se invoca, explica, un derecho que está en la ley y me lo desconocen tengo derecho a ir a la corte de apelaciones para que se me respete ese derecho.
̈Esta propuesta va en la dirección correcta porque hace una reordenación de lo que los abogados llamamos el sistema de fuentes del derecho. Hoy día los jueces lo que están haciendo es aplicar directamente la constitución cuando no hay un desarrollo legislativo y eso genera que los tribunales terminen influyendo en el diseño de políticas públicas que corresponde precisamente al legislador y al poder ejecutivo", señaló.
Por su lado, el comisionado Lovera sinceró que les ̈faltó tiempo para poder haber hecho un diagnóstico acertado y haber propuesto quizás una fórmula que apuntara a mejorar las deficiencias que esta tiene. La acción de protección es creo yo principalmente una acción cautelar de emergencia para derechos fundamentales”.
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