Estudio del Centro de Políticas Públicas entregó recomendaciones para implementar una política de arriendo con énfasis en mayor integración social

Con el objetivo de implementar una política de arriendo que apunte a mayor integración social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) encargó al Centro de Políticas Públicas UC un estudio sobre administración de arriendo asequible en el que se analizaron cinco casos internacionales.

Los resultados se dieron a conocer en el seminario Administración de vivienda para arriendo asequible: evidencia internacional y propuestas para Chile, realizado en la Casa Central de la UC. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, valoró el estudio. “Nos entrega recomendaciones que van justamente en la línea de uno de los ejes del Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana del Minvu: el ‘arriendo protegido’, un sistema que vamos a implementar en esta administración y que consiste en que el Estado entrega un monto de subsidio para arriendo, el cual se paga directamente al arrendador y las personas pueden complementar. Nos vamos a preocupar, también, que los montos de los arriendos estén regulados por el Estado y vamos a fiscalizar de manera continua para cuidar los recursos de todos los chilenos”.

“Los subsidios de arriendo que estamos entregando, no se están ejecutando en su totalidad, lamentablemente. Es un 44% aproximadamente el porcentaje de aplicación que por distintas razones no hemos podido resolver y, para ello, es muy importante tener alianzas, en este caso con el Centro de Políticas Públicas, el Instituto de Estudios Urbanos, la Universidad, la academia, con quienes podemos establecer trabajo conjunto, diálogo y reflexionar sobre cómo creamos mejores condiciones para que el arriendo sea una alternativa segura y viable”, agregó.

Recomendaciones para Chile

Pía Mora, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, expuso los principales resultados del “Estudio comparado de experiencias internacionales, sobre la administración de bienes inmuebles para arriendo” que revisa experiencias internacionales referidas a modelos de administración de bienes inmuebles y de gestión social, destinados a programas de arriendo para sectores vulnerables. Estos antecedentes permitirán elaborar un plan de administración y de gestión social, para la administración de bienes inmuebles que son dispuestos para arriendo por parte del Estado.

“La mitad de los hogares no puede comprar una vivienda nueva y 35% no puede acceder a vivienda usada”, explicó. “Hay un problema de oferta bien localizada de arriendo asequible”, aseguró y detalló que la mayoría de los subsidios de arriendo actualmente se están aplicando en Puente Alto.

Entre las recomendaciones mencionó el establecer roles entre lo público y lo privado, pues a nivel internacional, existe más protagonismo de los privados en la administración de las viviendas y del Estado en el ámbito regulatorio y de fiscalización. “Proponemos crear la figura de la asociación de administradoras de arriendo”, señaló. Estas junto a los gobiernos locales deberían ajustar los valores de arriendo sobre la base de los máximos definidos centralmente por el Estado.

“El Estado sería el responsable de establecer un marco de acción del administrador. […] Se debe considerar especialmente a grupos de muy bajos ingresos para proveerles vivienda”, precisó la investigadora. Además, respecto de la participación, se recomienda que la comunidad se involucre en la gestión social de los conjuntos.

La mirada de los expertos

Se desarrolló un panel de discusión en el que participaron el subsecretario del MINVU, Guillermo Rolando; el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Luis Fuentes; el director del Centro de Investigación Social de TECHO-Chile, Pablo Flores y el director de ASSET, Felipe Swett.

“Estamos estudiando un sistema de administración mixto, que participen privados y sociedad civil cuidando que no se cometa ningún tipo de abuso”, planteó el subsecretario. Y añadió: “Los proyectos de arriendo que vayamos haciendo tienen que tener componentes de integración social”.

Por su parte, Fuentes advirtió que “existe un nivel de profesionalización muy precario en la administración en materia de arriendo y, en ese sentido, creemos que los esfuerzos deben ir, por un lado, en que el Estado regule más y, por otro, que quienes administren profesionalicen la gestión”.

Para Swett una forma de aumentar el stock de vivienda sería “hacer más unidades en lugares céntricos, en la medida en que un porcentaje deba ser destinada a vivienda social”.

Revisa la presentación, el audio y fotografías del seminario aquí.