Volver a confiar en las instituciones

Un desajuste entre las instituciones y la ciudadanía, que redunda en una fuerte crisis de confianza. Esa es la situación que se ha producido, de acuerdo con el equipo multidisciplinar de profesores que componen la Comisión de Organización Institucional del Foro Constitucional UC y que aborda el documento “Organización institucional. Criterios para la deliberación constitucional”. En él se entregan algunas pautas que pueden servir al diseño de las instituciones en el actual debate constitucional.

La Comisión, liderada por la académica de la Facultad de Derecho Marisol Peña, estuvo compuesta por porfesoras y profesores de distintas facultades: Matías Bargsted, del Instituto de Sociología; Loreto Cox, de la Escuela de Gobierno; Emilio Depetris, del Instituto de Economía; Valeria Palanza, del Instituto de Ciencia Política;  José Antonio Viera-Gallo, del Centro de Políticas Públicas; Sebastián Soto y Gonzalo Candia, de la Facultad de Derecho; y el abogado egresado de la misma facultad Simón Pinto, quien actuó como secretario técnico.

Precisamente esta naturaleza multidisciplinaria es lo que destaca la encargada de la comisión. “Se requería una mirada más amplia que procurara identificar las causas de la crisis de confianza en las instituciones chilenas y levantar propuestas capaces de dar algún tipo de respuesta”, afirma Marisol Peña.

Y agrega que la mirada sociológica y politológica “resultó fundamental para unir el desprestigio de nuestras instituciones políticas a los problemas evidenciados en nuestra cultura política. Porque cuando una sociedad falla en aspectos de transparencia, accountability y combate a la corrupción, crea el marco propicio para que las instituciones se conviertan en instrumentos al servicio del poder y no de los ciudadanos, debilitando, de paso, al propio sistema democrátco”.

“De la misma forma, la mirada económica brindó el adecuado aterrizaje a las propuestas de organización institucional, puesto que, en tiempos en que se han generado muchas expectativas en torno a demandas sociales, la necesidad de que la nueva Constitución consagre explícitamente el principio de responsabilidad fiscal se vuelve innegable”, añade la profesora Peña.

“Se requería una mirada más amplia que procurara identificar las causas de la crisis de confianza en las instituciones chilenas y levantar propuestas capaces de dar algún tipo de respuesta” - Marisol Peña, Foro Constitucional UC.

Desconfianza en las instituciones

Una crisis de confianza. Ese sería uno de los elementos que habrían llevado al proceso constituyente, como se consigna en el documento. Y es que la confianza de los chilenos y chilenas en sus instituciones está por el suelo.

De acuerdo a la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (abril 2021), apenas un 9 por ciento manifestó tener confianza en el Gobierno y un 8 por ciento en el Congreso. Solo un 30% confía en Carabineros y el 37% en las Fuerzas Armadas. Y según la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica (2020), solo un 1% de los consultados afirma confiar en los parlamentarios, un 7% en las empresas, un 10% en el Gobierno, un 17% en las municipalidades y un 28% en las Fuerzas Armadas.

Esta desconfianza se originaría por distintos factores, como los episodios de corrupción, colusión y financiamiento irregular de la política, sumado a una insatisfacción de la población con la capacidad de las instituciones públicas de responder a sus problemas, tales como delincuencia, narcotráfico, salud, educación y vivienda, entre otros.

A todo esto se suma -como afirma el documento- “una desafección profunda hacia la política, una de cuyas expresiones más preocupantes es el desprestigio de los partidos políticos”.

A juicio de la politóloga Valeria Palanza: “El proceso constitucional, que se inició con la firma del acuerdo por una nueva Constitución, continuó con el plebiscito, la aprobación de un sistema electoral nuevo para la elección de convencionales, el proceso electoral mismo, la instalación de la convención constitucional, y el inicio de nuevas maneras de integrar y ejercer el poder al interior de la convención, ya echó a andar el proceso de recuperación de la confianza en las instituciones. Queda un largo camino por delante, y las instituciones que se definan en el texto constitucional podrán reforzar o debilitar la recuperación de la confianza, pero son ese diseño y el ejercicio sobrio del poder, las claves del proceso que ya está en marcha”.

De acuerdo al profesor Sebastián Soto: “La recuperación de la confianza es un proceso lento que involucra tanto a las autoridades y entes públicos, como a las propias personas. Los entes públicos y funcionarios deben dar señales de permanente probidad y ejercicio leal de las funciones públicas. La política y los políticos entonces deben estar tan pendientes de sus deberes éticos como de sus deberes legales para con el cargo que sirven. Asimismo, y a veces olvidamos esta faceta, la ciudadanía también debe aprender a confiar en sus autoridades. El problema no es solo que los chilenos no confiamos en las instituciones, sino que en realidad no confiamos en los demás. Eso requiere de un cambio profundo que poco tiene que ver con la Constitución”.

Y agrega: “La Constitución puede hacer algo para mejorar la confianza en las instituciones, pero no debemos creer que puede hacerlo todo. Posiblemente el mayor aporte de la Constitución es generar un conjunto de instituciones que interactúen entre sí y con las personas para generar una política con capacidad para conectar con los problemas de la ciudadanía y servicios públicos eficientes. Pero mucho de esto depende más de leyes, políticas públicas y características de los propios funcionarios y líderes políticos que deben hacer del servicio una vocación, que sea percibida como tal por las personas”.

"El problema no es solo que los chilenos no confiamos en las instituciones, sino que en realidad no confiamos en los demás. Eso requiere de un cambio profundo que poco tiene que ver con la Constitución” - Sebastián Soto, profesor de Derecho UC.

El rol del Estado

Como plantea el documento, el Estado es precisamente el ente articulador de las relaciones al interior de la sociedad; no debe ser identificado con el régimen político, sino que es un sistema conformado por diversas instituciones, “a fin de que no solo pueda cumplir con su tarea de gobernar una sociedad cada vez más compleja, sino que permita conducir al país al desarrollo”.

Como expresa el investigador José Antonio Viera-Gallo: “El Estado es una emanación de la sociedad. Su tarea es fijar el marco en que ésta se desenvuelve a través de la Constitución y las leyes, trabajar por el bien común y resolver los conflictos que se presenten. Además de un adecuado sistema institucional, es importante la cultura política de un país. Entre nosotros existe felizmente una arraigada tradición democrática”.

Asimismo, plantea el texto, “la organización del Estado debe tener en cuenta su carácter de república democrática”. Proveer legitimidad a nuestras instituciones sería uno de los principales desafíos del Estado. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de los mecanismos de control, de frenos y contrapesos, para favorecer la gobernabilidad democrática.

“Lo principal es que las instituciones políticas tengan un adecuado funcionamiento, cuyos resultados la gente pueda palpar, tanto en su vida cotidiana como en lo relativo al bien de la sociedad. Un punto central es la transparencia con que actúen para evitar abusos de poder o corrupción. Un ejemplo ha sido el proceso de vacunación: es muy positiva su valoración. Así debiera ser, en general, el ejercicio de la función pública”, añade Viera-Gallo.

"Además de un adecuado sistema institucional, es importante la cultura política de un país. Entre nosotros existe felizmente una arraigada tradición democrática" - José Antonio Viera-Gallo, investigador Centro Políticas Públicas UC.

Criterios para la regulación de las instituciones

El documento establece una serie de criterios para la regulación de las instituciones en Chile, en base a principios y valores constitucionales:

• Probidad, transparencia y rendición de cuentas
• Capacidad de respuesta institucional a las necesidades ciudadanas
• Partidos políticos
• Participación
• Gobiernos Regionales
• Métodos alternativos de solución de conflictos
• Sistema de gobierno
• Responsabilidad fiscal

“La Constitución debe fijar principios generales que deben orientar la acción del Estado, como la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Debe también garantizar ciertos derechos de los ciudadanos para controlar el accionar del Estado, como el derecho de acceso a la información pública”, afirma José Antonio Viera-Gallo.

Como expresa el sociólogo Matías Bargsted, la transparencia es un tema que surgió con fuerza en la comisión, así como la idea de eliminar los conflictos de intereses y reforzar la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. “Uno de los factores gatillantes del estallido fue esta crisis de credibilidad de las instituciones políticas. Y en el marco de la discusión, se piensa que la idea de transparencia es un elemento que debe estar bien presente en el diseño constitucional, a través de cosas concretas: el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública, relaciones y normas atingentes entre política y dinero, y el fortalecimiento de la libertad de expresión, entre otras”.

Los partidos políticos

¿Cuál es el rol de los partidos políticos en este nuevo escenario? “En la era digital, cambia la forma de la representación política y el modo en que los ciudadanos se agrupan para promover una visión compartida sobre la sociedad. Los partidos, como los conocemos, nacieron con la modernidad. Antes no existían. Hoy debemos repensarlos”, afirma Viera-Gallo y agrega: “Un punto que mantendría, es que sólo los partidos legalmente establecidos pueden presentar candidaturas de elección popular. Además, por su carácter público, se les debieran aplicar muchos de los principios constitucionales del Estado, como la transparencia. Algo se ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer”.

Precisamente, fortalecer los partidos políticos es una de las ideas que se discutió en el trabajo de la comisión. “Se conversó harto respecto de la relevancia de los partidos políticos como entidades que articulan intereses sociales diversos, que es algo que solo pueden hacer los partidos polítidos. Puede haber grupos independientes que van a estar asociados a una causa, pero que no van a tener posiciones muy definidas en muchas otras. En cambio, los partidos políticos le proponen a la población “paquetes” ideológicos, donde pueden tener posturas sobre muchos temas”, explica el profesor Bargsted.

Participación y respuesta a la población

“El nuevo texto constitucional debe promover la representación cierta de la población, la inclusión de grupos y minorías históricamente vulnerados, y asegurar que las preferencias ciudadanas se puedan canalizar. Esto se logra desconcentrando el poder, transfiriéndolo del ejecutivo al legislativo y de la instancia nacional hacia los distintos ámbitos sub-nacionales. En el ámbito legislativo, es importante hacer viable la representación de grupos diversos, intereses y expresiones diversas. La incorporación de sectores nuevos al sistema político ya ocurrió, lo que la nueva constitución debe lograr es la articulación y canalización institucional”, expresa la profesora Valeria Palanza.

Y agrega: “Si la nueva Constitución avanza en la dirección de permitir la canalización de demandas de la población en el congreso mediante la entrega de atribuciones reales a éste, esto hará más tangible la representación y las demandas se podrán traducir en políticas públicas”.

“La Convención y en general las autoridades deben abrir espacios de participación y deliberación conjunta por medio de variados mecanismos. Pero, al mismo tiempo, la ciudadanía debe entender que la participación no puede sustituir la representación, y que los llamados a tomar decisiones son los representantes y no los interesados”, añade el profesor Soto.

Como finaliza Matías Bargsted respecto del rol de la ciudadanía: “A nivel goblal, cumple un rol importante como “perro guardián” (el concepto anglosajón de “watchdog”). Es la idea de que la ciudadanía vigila y castiga a aquellos que no cumplen con lo que prometen, y premia a los que sí cumplen. Una instancia efectiva de participación es a través del voto, pero del voto informado”. Y agrega que se debe aspirar a “una ciudadanía activa e informada que mantenga contornos y límites, y resistencias a los políticos y políticas demagogos”.

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