¿Pueden los impuestos mejorar la calidad nutricional de la dieta en Chile?

Chile se encuentra entre los diez países con mayor obesidad y sobrepeso del mundo. Para el 2018 el Ministerio de Salud (Minsal) tasaba a un 70% de la población adulta en una de estas dos categorías mientras que, la última encuesta de Consumos de Alimentos y Ansiedad, determinó que un 44% de los chilenos subió de peso durante la pandemia. Estas alarmantes cifras coinciden con la publicación hecha por el Centro de Políticas Públicas UC, investigada por Grace Melo, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, quien analizó el impacto potencial que tendrían dos modelos de impuestos para modificar los patrones de compra de alimentos en los hogares.
 
Si bien en 2012 se aprobó la implementación de un conjunto estructural de políticas orientadas a modificar los ambientes que promueven malas prácticas de alimentación -el 2014 se aplicó el impuesto a las bebidas azucaradas y en 2016 se puso en marcha la Ley de Etiquetado- la obesidad y el sobrepeso prevalecen. El 2018, el mismo año en que se introdujeron los sellos de advertencia negros, el Minsal creó una Comisión para estudiar la implementación de impuestos a los alimentos altos en nutrientes críticos. 

Dos opciones de tributación

Esta propuesta plantea que, en teoría, dado que el nutriente crítico (por ejemplo el azúcar) es el sujeto de tributación, estos impuestos afectarían a todos los productos en el mercado, con o sin símbolos de advertencia. La propuesta alternativa plantea un impuesto a una tasa fija en alimentos con sello (que apunta al producto, como bebida azucarada).

“Un impuesto transversal del 18% a todos los alimentos no saludables (con sellos) resultó más efectivo en mejorar la calidad de la dieta, que los impuestos en base al contenido de nutrientes críticos. Además, este impuesto generaría un menor impacto en el bienestar económico de los hogares. Sin embargo, no lograría reducir el consumo de sodio y azúcar a los niveles recomendados por la OMS”, señala Melo.

Esto se produciría ya que, plantea el estudio, un impuesto dirigido a grupos específicos de alimentos a tasa fija no afectaría a productos saludables (como la pechuga de pollo), mientras que un impuesto a nutrientes afectaría a todos los productos en diferente proporción.

“Un impuesto transversal del 18% a todos los alimentos no saludables (con sellos) resultó más efectivo en mejorar la calidad de la dieta, que los impuestos en base al contenido de nutrientes críticos" - Grace Melo, académica UC

A partir de la VIII Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (EPF), que encuestó a 15.154 hogares, se cruzó con información sobre el nivel nutricional de los productos adquiridos y observaron que, efectivamente, la aplicación de impuestos motiva una sustitución de alimentos no saludables a otros menos procesados, pero que este cambio es pequeño. 

En ese sentido, Carlos Caro, coautor e investigador del Departamento de Políticas de Salud de University of North Carolina at Chapel Hill, señala que “en los hogares de ingresos más bajo, la sustitución ocurre dentro de una misma categoría más que entre categorías. Las personas pasan de comprar soda, por ejemplo, a comprar jugos en polvo. Termina consumiendo la misma cantidad de azúcar, pero gastando menos recursos”.

Cabe destacar que, entre las categorías de alimentos y bebidas procesadas, las bebidas endulzadas tienen la demanda que es más sensible a cambios en los precios. Entre aquellos alimentos que no son procesados, se observa que la demanda de vegetales es bastante sensible a cambios en precio, esto indica que, un subsidio en los precios de vegetales en 1%, aumentaría la demanda por estos alimentos en una tasa mayor a la del subsidio.

Un marco de regulación más comprensivo

En términos generales, sostiene el estudio, los hogares con niveles de ingresos medios experimentarían las mayores disminuciones en el consumo de nutrientes dañinos para la salud después de la aplicación de cualquier tipo de impuesto, ya sea en los precios o nutrientes, dirigidos a los alimentos “con sellos”.    

Específicamente, el impuesto del 18% aumentaría en 10,4% el gasto en alimentos, mientras que la implementación de un conjunto de impuestos a nutrientes críticos equivaldría a un aumento en un 10,9% del gasto total, lo que representa aproximadamente $21.000 y $22.000, respectivamente. Y en términos nutricionales, el impuesto más efectivo, el del 18%, podría reducir el consumo de un 89 g de azúcares, 3,9 g de sodio y 17 g de grasas en un adulto promedio, después de la aplicación de esta medida impositiva.

El estudio establece que las políticas orientadas a modificar los ambientes que promueven la obesidad, deben estar conectadas con iniciativas que promuevan la actividad física, la salud comunitaria y salud mental. 

Sin embargo, “las medidas que se han tomado son a corto plazo, pero no estructural, en la cual se involucren diversos factores que logren cambios en patrones de consumo y dieta en el tiempo”, concluye Melo. Ya que, aún con esta reducción en el consumo por impuestos, los niveles se mantienen muy por encima de los niveles recomendados por la OMS.

El estudio establece que las políticas orientadas a modificar los ambientes que promueven la obesidad, deben estar conectadas con iniciativas que promuevan la actividad física, la salud comunitaria y salud mental. 

Puedes leer la publicación hecha por el Centro de Políticas Públicas UC o escuchar el Podcast Diálogos de la Agenda Pública.