¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución? Cinco temas clave

Analizar algunas de las propuestas que contiene el texto constitucional y sus efectos concretos en la sociedad, para que las personas voten en el plebiscito del próximo 4 de septiembre de manera más informada, es el objetivo del “Ciclo de debates constitucionales UC: Rumbo al plebiscito de salida”, organizado por el Centro de Políticas Públicas y el Foro Constitucional de la Universidad Católica, y con la colaboración del canal CNN Chile. Esto, en línea con el compromiso público de la universidad, uno de los pilares transversales en el plan de desarrollo 2020-2025.

En el ciclo participaron cinco académicos y académicas de la UC, y diez exconvencionales constituyentes, de diversas coaliciones y posturas. Los temas que se abordaron fueron sistema político, plurinacionalidad, educación, libertad de creencias y religión, y derechos de la naturaleza.

Como afirmó el rector Ignacio Sánchez en la inauguración de esta instancia, el objetivo de estos encuentros es “promover una toma de decisión informada en la comunidad universitaria y la ciudadanía (…) Desde la Universidad Católica creemos firmemente en el rol que tenemos las instituciones de educación superior en impulsar la reflexión y el análisis de los temas públicos”.

Modificaciones de la institucionalidad política

La incorporación de la Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado es uno de los principales cambios al sistema político que contiene la propuesta de nueva Constitución, tema que fue presentado por el profesor Gabriel Negretto del Instituto de Ciencia Política. A esto se suma un Congreso de Diputadas y Diputados, que será electo a través de un sistema proporcional; mientras que para la Cámara de las Regiones se requeriría igual número en cada región.

De acuerdo al exconvencional Cristián Monckeberg (Vamos por Chile), la propuesta quedó débil: “La Región de Arica y Parinacota tendrá los mismos tres senadores que la Región Metropolitana; y cuando se discuta una ley, el Congreso de Diputadas y Diputados será la que decida, y donde se eligen más (representantes son) en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío”. Además, agregó que “el Congreso de Diputados actúa como bloque y la Cámara de las Regiones también actuará así, habrá coaliciones, pero si el Congreso ve que esta Cámara está criticando una ley, veo difícil que se logre algo distinto”.

La exconvencional Rosa Catrileo (escaño reservado mapuche) y excoordinadora de la Comisión de Sistema Político, presentó discrepancias, comentando que la Cámara de las Regiones comenzó débil, pero con las votaciones ese problema se revirtió, ya que “forma parte del poder legislativo, se fortalecieron las competencias y lo más importante, se estableció un poder de revisión general por mayoría, pudiendo insistir”. Agregó que “en la actualidad ambas cámaras compiten porque cumplen las mismas funciones, en este sistema no, porque cumplen funciones distintas y el rol de coordinación de los bloques políticos va a tener que darse de buena manera”.

Los exconvencionales estuvieron de acuerdo sobre la paridad. “Yo creo que va a haber que seguir haciendo esfuerzos para que esto se vaya concretando, creo que es positivo”, comentó Monckeberg, mientras que Catrileo dijo que “es un aporte importante determinar una democracia paritaria, no solo como una mera declaración, sino que va acompañada de otras normas que facilitan la participación femenina en los espacios de toma de decisión, como el reconocimiento de las labores de cuidado”.

Plurinacionalidad: ¿aspiración o garantía?

“Hay quienes afirman que la plurinacionalidad no es más que una aspiración, los que advierten un desmembramiento del Estado en múltiples autonomías casi autárquicas; y en el sector opuesto, quienes ven en la plurinacionalidad una promesa y una garantía de los que es el ideal del buen vivir”, expresó el investigador asociado del Centro de Políticas Públicas UC, José Antonio Viera-Gallo, quien introdujo este tema.

En opinión del exconvencional Ruggero Cozzi (Vamos por Chile), “la propuesta del Estado plurinacional no nace de un consenso amplio y transversal, y las naciones generalmente aspiran a ser Estado para tener autonomía e independencia”.

Frente a esto, la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon (escaño reservado mapuche) respondió que “los pueblos llegamos por consenso histórico a instalar el concepto en la Convención Constitucional, no es cierto que no llegamos por consenso. El consenso también lo logramos al interior con dos tercios”. Agregó que “las naciones originarias no somos estadocéntricas, somos organizaciones horizontales, a diferencia de los estados que son verticales. Esta plurinacionalidad no busca división del Estado, nos sentimos parte de Chile, por tanto, no nos vamos a separar de Chile”.

Sobre si el pluralismo jurídico es positivo o no, y si este afecta o no la igualdad ante la ley, Elisa Loncon comentó que “es positivo que exista el reconocimiento de las justicias indígenas, porque no es cierto que no teníamos ni Dios ni ley. Tenemos normas de convivencia y existen los sistemas de justicia propios”.

Ruggero Cozzi, quien fue miembro de la Comisión de Justicia, mencionó que “abrir la posibilidad de que la justicia indígena se aplique a no indígenas, abrirlo a delitos más graves, a cuestiones de derecho público y que no exista derecho a opción, es muy problemático”. Además, agregó que “la justicia indígena no la administra un juez, sino un lonco, y la ley que se aplica no está escrita”.

Ante esto, Elisa Loncon respondió que “la justicia indígena no solo la ejerce el lonco, sino también las machis, y tenemos una ética de cómo ser persona”. Además, comentó que “no le vamos a aplicar la justicia indígena a personas que no son indígenas, lo importante es que la Constitución garantiza derechos y la justicia indígena es un derecho que debía garantizar”.

Derecho a la educación y libertad de enseñanza

Los objetivos de la educación, los principios que deberán guiarla, el rol del Estado en términos de garantías y financiamiento; la libertad de enseñanza, de cátedra y de elección, además de las implicancias a nivel de educación superior, fueron los temas que se trataron en el tercer debate del ciclo. 

En esta ocasión, el profesor de la Facultad de Derecho UC, Alberto Vergara, expuso sobre la materia y destacó que la propuesta formula el derecho a la educación, habla de un Sistema Nacional de Educación y señala que la educación pública es el eje estratégico de dicho sistema. Además, mencionó que le da importancia a la educación ambiental, a la educación sexual integral y consagra la libertad de enseñanza.

Sobre la propuesta en general, la exconvencional Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales) considera que una de las grandes modificaciones es “el cambio de paradigma de cómo entendemos la educación, con un objetivo no solo de formación del individuo sino que también una dimensión de impacto y transformación de la sociedad y el país”. 

Por su parte, el exconvencional Manuel José Ossandón (Vamos por Chile) expresó preocupación por la eliminación de la alusión a la prohibición de actividades partidistas en educación: “Tenemos que mantener la política fuera, especialmente de las aulas escolares y no ideologizar”. 

El artículo 36, inciso 7, del capítulo II sobre derechos fundamentales y garantías, menciona que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. Frente a esto, la periodista de CNN Chile, Josefina de la Fuente, quien moderó el debate, preguntó el motivo por el que se daría un estatus especial a las universidades estatales. Céspedes destacó que se mencionan todas las instituciones, pero se da un realce a la importancia de robustecer la educación pública, ya que “ha sido muy fragmentada y dirigida especialmente a estudiantes más vulnerables y que requieren de un esfuerzo adicional para generar equidad en el ámbito educativo, y tenemos que hacernos cargo de ello”.

Ossandón cree que se confunden conceptos. “En términos universitarios se comete un error gigantesco, las universidades estatales sí tienen intereses, sí hay círculos de personas que se benefician de ellas, de sus fondos, por lo tanto, no es neutra”. Agregó que “el Estado debe darles mejores recursos a las mejores universidades”.
 

Estado laico y libertad de creencias

El derecho a la libertad de religión y creencias fue el tema que analizó Ana María Celis, directora del Centro UC Derecho y Religión. La académica afirmó que el Estado laico existe en el país desde la Constitución de 1925, pero que la propuesta de nueva constitución se configura como la oportunidad de “consolidar la versión chilena de laicidad (…) , sin adjetivos, pero que sustantivamente reconozca la dimensión espiritual de la persona en sociedad”.

Además, la profesora destacó que existen distintos desafíos que se deben afrontar en la propuesta de la nueva carta magna. Uno de estos es que el asegurar la libertad de expresión no conduzca “a una autocensura por parte de creyentes y sus comunidades”.  

Para la exconvencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile), el proceso de redacción de la propuesta constitucional fue “mezquino en términos de la libertad religiosa”. Afirmó que la propuesta de la Constitución “debió explicitar que la libertad religiosa de los y las ciudadanas será limitada solo por causales específicas, como por ejemplo la seguridad o salud pública”.

El también exconvencional Javier Fuchslocher (Independientes No Neutrales) comentó que existe un piso jurídico para la libertad de religión y de credo que queda consagrado en el artículo 9 de la propuesta constitucional, en el que se describe que “todas las religiones son iguales, pueden ser reconocidas y  ninguna está por sobre la otra”. Enfatizó que los artículos en los que se habla de libertad de religión y creencias no le quitarán a las personas ninguna garantía que esté presente en la carta magna actual.

Cantuarias afirmó que no le parece correcto que en la propuesta constitucional,  las organizaciones religiosas deban respetar los derechos, deberes y principios establecidos en la posible nueva carta magna, ya que bajo su perspectiva, el borrador constitucional podría limitar la libertad de enseñanza de los credos en temas como el aborto y la educación sexual. En relación a esto, destacó que se corre el riesgo de que el gobierno de turno pueda limitar la libertad de creencias y su ejercicio. 

Fuchslocher comentó que, aunque hay distintas normas que establecen que se deben respetar los derechos, deberes y principios de la propuesta constitucional, esto no quiere decir que se vaya a limitar “la garantía que tiene una persona sobre su libertad”. También se refirió al riesgo de que no se pueda ejercer la objeción de conciencia, y afirmó que, pese a que este término no quedó escrito de manera explícita en la propuesta de la nueva Constitución, “no significa que no exista”. 

Naturaleza como sujeto de derechos

¿Qué implicancias tiene el instaurar a la naturaleza como sujeto de derechos? ¿Existirán conflictos con los derechos de las personas? ¿Qué efectos tendrá en materia económica? Estas fueron algunas de las preguntas sobre las que expuso Ricardo Irarrázabal, académico de la Facultad de Derecho UC y director del programa Derecho y Medioambiente.

El profesor explicó que se estableció en la Convención un consenso sobre aumentar y mejorar la protección ambiental, lo que permitiría mejorar las directrices en esa temática a nivel constitucional. Enfatizó en que “unas adecuadas reglas en este sentido permiten que la fuerza de la protección ambiental y la resolución de conflictos (…) queden radicadas en la ley y no en las demandas judiciales”. Además, destacó el establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que garantizaría el respeto de su existencia y generación, pero advirtió sobre la no aprobación del principio de sustentabilidad, el que bajo su perspectiva “podría haber articulado la relación persona naturaleza, así como las garantías ambientales, sociales y económicas”.

El exconvencional Rodrigo Álvarez (Vamos por Chile) comentó que le parecía un avance el establecimiento de principios relacionados con la protección del medioambiente, como la instauración de un Estado ecológico y los derechos de la naturaleza. Afirmó que, a pesar de que la  propuesta constitucional tiene buenas intenciones, existen problemas de “exceso, confusión y coordinación”.

Para la exconvencional Carolina Vilches (Movimientos Sociales Constituyentes), uno de los ítems destacables del texto es el compromiso de subsistencia con las futuras generaciones, al establecerse “un Chile ecológico que respeta la naturaleza”. También destacó que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en la propuesta constitucional, garantizaría la sostenibilidad, sustentabilidad y permitiría avanzar hacia la seguridad hídrica.

Rodrigo Álvarez rebatió que la sustentabilidad y sostenibilidad fue un principio rechazado y no incluido en la propuesta constitucional. Además, advirtió que  “con normas de estas características se van a producir muchos problemas prácticos”, ya que, bajo su perspectiva, no hay una coordinación entre los derechos de la naturaleza, de las personas y del desarrollo del país.

Otro punto fue el de la desprivatización del agua. Vilches afirmó que, cuando hay más titularidad de agua de la que hay disponible, se debe priorizar. Al respecto, expresó que lo que busca cambiar la propuesta constitucional es “la priorización y la protección de cuotas de las reservas de agua, para garantizar la vida de la personas y la naturaleza” y que antes de expropiar o indemnizar, se hará un análisis hídrico que examinará las titularidades, disponibilidad y necesidades de distribución.

Álvarez destacó que con la aprobación de la propuesta de la nueva carta magna, se reducirán los derechos de 300 mil chilenos que poseen títulos de agua. “En Chile, dejan de existir los derechos de aprovechamiento de agua (…) y se transforman en un bien común natural, inapropiable y de distintas características”, mencionó.

Como respuesta, Vilches comentó que en Chile hay más de 400 mil familias que no tienen agua y que dependen de un camión aljibe. “A nadie se le va a reducir su derecho porque sí (…) debe respetarse el derecho humano al agua, el derecho a la naturaleza y el bien común”, puntualizó.

Los cinco encuentros están disponibles en el canal de YouTube de la UC, así como también en el de CNN Chile.