Universidades Católica y de Chile instalarán Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana
Tras la aprobación, por parte del Congreso Nacional, del reglamento que regirá a los órganos constituyentes, las universidades mandatadas a coordinar el proceso de participación ciudadana ya trabajan en la conformación de los equipos técnicos para desarrollar los mecanismos que se establecieron para que la ciudadanía sea parte del proceso constitucional. Los primeros días de marzo se instalará de forma oficial la Secretaría de Participación Ciudadana, que integra a profesionales de distintas disciplinas de ambas casas de estudios, mientras que para el mes abril se planea lanzar la Plataforma Digital de difusión.
La reforma constitucional que habilitó el inicio de un nuevo proceso constituyente mandató a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica a hacerse cargo de una trascendental tarea: ejecutar el proceso de participación ciudadana contemplado para la redacción de un nuevo texto constitucional. En ese contexto, la semana pasada se conoció el reglamento que regirá a los distintos órganos constituyentes, junto a la forma en la que se realizará la participación de la ciudadanía, definida en 9 artículos del reglamento. Para llevar adelante dicha labor, ambas universidades ya se encuentran desarrollando las metodologías de trabajo junto a sus distintos equipos y expertos, para sacar adelante los 4 mecanismos de participación expresados en el texto reglamentario.
En ese escenario, durante las primeras semanas del mes de enero los equipos liderados por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, han sostenido una serie de reuniones de trabajo para dar vida a la instalación —prevista para los primeros días de marzo— de la Secretaría de Participación Ciudadana. Para ello, han convocado a diferentes académicos y académicas para determinar la metodología que se ocupará en cada una de las herramientas estipuladas en el reglamento.
En estos encuentros de trabajo ambas universidades han concordado en que es fundamental asegurar un proceso de participación ciudadana que sea amplio, inclusivo, incidente y con un importante foco regional. La importancia de las regiones se materializará por medio de distintas acciones; entre ellas, la colaboración que se requerirá de universidades regionales, para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso. Dichos principios buscan incluir a la mayor cantidad de personas, con el objetivo de que la ciudadanía forme parte activa en la redacción de una nueva Constitución. Por ello, la Secretaría, también, tiene previsto recibir a diferentes organizaciones de la sociedad civil, para que presenten sus visiones sobre el proceso.
Al respecto, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, comentó la relevancia de la participación ciudadana para el proceso: “Tenemos la gran responsabilidad de co-coordinar con la Universidad Católica de Chile el proceso de participación ciudadana, al cual se incorporarán también las otras universidades acreditadas. Una participación social amplia, diversa y territorialmente pertinente contribuirá a la legitimidad del proceso constituyente. Nuestra tarea es facilitar la expresión de las distintas voces, para contribuir a la redacción de un texto representativo de nuestra sociedad. Existe un mandato ciudadano de tener una nueva Constitución y las universidades debemos ayudar a cumplir con su materialización. Los plazos del proceso son acotados y también existen bordes temáticos, pero con mucho trabajo y compromiso seremos capaces de cumplir con el encargo que el Acuerdo por Chile nos ha asignado a través de la Constitución. Nuestros equipos interdisciplinarios ya están avanzando en el diseño de los mecanismos de participación ciudadana, que serán fundamentales para el éxito del proceso”, afirmó.
"Una participación social amplia, diversa y territorialmente pertinente contribuirá a la legitimidad del proceso constituyente. Nuestra tarea es facilitar la expresión de las distintas voces, para contribuir a la redacción de un texto representativo de nuestra sociedad"- Rosa Devés, rectora Universidad de Chile
Por su parte, en la misma línea, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez afirmó:
“El rol de las universidades en esta Secretaría de Participación Ciudadana es fundamental y desde la UC pondremos nuestro foco en lograr un diálogo lo más transversal y abierto posible. Tenemos la experiencia del proceso constitucional recién pasado y la tarea de motivar nuevamente a la sociedad en la construcción de una carta magna para Chile. En esta etapa, queremos poner sobre la mesa los temas en discusión y tener un diálogo integrado con universidades de regiones, estatales, no estatales, de distintos ámbitos laicas y católicas. El aporte desde un sistema universitario con integración, reflexión y con colaboración activa le hace muy bien al país”, explicó.
"Queremos poner sobre la mesa los temas en discusión y tener un diálogo integrado con universidades de regiones, estatales, no estatales, de distintos ámbitos laicas y católicas. El aporte desde un sistema universitario con integración, reflexión y con colaboración activa le hace muy bien al país”- Ignacio Sánchez, rector de la UC
¿Cuáles serán las herramientas de participación?
Según lo estipulado en el reglamento, se definieron cuatro herramientas de participación ciudadana, que se comenzarán a ejecutar una vez instalado el Consejo Constitucional el 7 de junio de 2023. Estas son:
- Iniciativa popular de norma.
- Audiencias públicas.
- Diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos.
- Consulta ciudadana.
La iniciativa popular de norma será una herramienta para que la ciudadanía pueda efectuar enmiendas o modificaciones al anteproyecto que presentará el Comité de Expertos; la audiencia pública será otro mecanismo en el cual las personas —ya sea mediante agrupaciones de la sociedad civil o de forma individual— puedan exponer sus visiones ante el Consejo; por su parte los diálogos ciudadanos deliberativos y representativos están considerados como una forma de deliberación para que la ciudadanía pueda conversar sobre el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos y hacer llegar sus comentarios al Consejo Constitucional; mientras que las consultas ciudadanas están contempladas como un mecanismo de participación individual y a través de una plataforma digital, en el que las personas puedan opinar sobre las normas contenidas en el anteproyecto.
Junto con ello, la Secretaria ya está trabajando en un proceso de sistematización de los procesos participativos anteriores, desde el año 2016 hasta ahora, con el objeto de ser puestos a disposición, tanto del Comité de Expertos como del Consejo Constitucional, para que sirvan de insumos para el debate constitucional.
Se está elaborando una plataforma tecnológica común que brinde el soporte necesario, tanto para la elaboración de las herramientas, como para su sistematización y posterior devolución de los resultados, con el objetivo de que el proceso tenga una real incidencia y sea transparente en todos sus niveles.
Todos estos mecanismos están siendo desarrollados por ambas universidades, complementando las diferentes experiencias adquiridas en otros procesos participativos en los que han trabajado en el pasado. Y para esta ocasión, se está elaborando una plataforma tecnológica común que brinde el soporte necesario, tanto para la elaboración de las herramientas, como para su sistematización y posterior devolución de los resultados, con el objetivo de que el proceso tenga una real incidencia y sea transparente en todos sus niveles.
Durante el mes de febrero, los equipos continuarán trabajando para el desarrollo de las distintas etapas del proceso que contempla para los primeros días de marzo la instalación oficial de la Secretaría de Participación Ciudadana, la que estará conformada por integrantes de ambas casas de estudio.
Junto con ello, también se está trabajando para dar inicio —en el mes de abril— a una fase preparatoria, que incluirá el lanzamiento de la Plataforma Digital, la que contendrá información clara y precisa sobre la forma y los plazos para participar, contenidos explicativos sobre el desarrollo del proceso constituyente, junto a una campaña de educación cívica. Todo ello, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía todo el contenido necesario para que se haga parte del proceso.