Ajustes a la ley de educación pública

La Nueva Educación Pública (NEP) es un paso clave del país para transformar una educación escolar atomizada, poco colaborativa por diseño, con escala limitada, y que bajo las municipalidades mantenía una multiplicidad de giros.

La NEP, implementada a través de los Servicios Locales de Educación (SLEP), ha significado un cambio importante en la colaboración, escalamiento y unidad de foco para salvaguardar las trayectorias educativas. A pesar de su reciente creación, los SLEP han mostrado resultados promisorios, destacando la incipiente recuperación de la matrícula y la contención de la pérdida de aprendizajes que generó la pandemia, según Simce 2023.

Sin embargo, han surgido dificultades en la gestión —algunas graves— no anticipadas por el diseño original y que un proyecto de ley recién presentado por el Ejecutivo busca abordar. Los nudos de implementación están en un traspaso acelerado de los municipios a los SLEP, sin exigencias que eviten que algunos municipios aumenten dolosamente los salarios del personal traspasado, y con aspectos de la gestión financiera y administrativa que entorpecen la tarea de construir SLEP eficientes en la gestión de recursos y efectivos en aprendizajes.

La propuesta de ajuste del Ejecutivo ofrece una respuesta, basándose en la evidencia generada sobre su implementación. Destacan las previsiones para evitar aumentos abusivos de salario antes de los traslados, la exigencia de diseñar un plan de traspaso, creación de órganos de coordinación regional y ministerial, soportes técnico-pedagógicos, soluciones a la cobertura docente, atribuciones para ajustar con agilidad a los SLEP u oferta ante aumentos de demanda, un plan para mejorar sustantivamente la infraestructura, y también atribuciones a la Dirección Nacional de Educación Pública y al Mineduc para apoyar a los SLEP que enfrenten contingencias en su operación.

Se trata de una iniciativa bien fundamentada que esperamos genere un debate constructivo y basado en evidencias tanto en el Congreso como en la opinión pública. El futuro de la educación pública demanda más que nunca capacidad de diálogo y acuerdos.