El desafío de regularizar los derechos de agua

Nadie tiene claro dónde están ni cuántos son. Por lo mismo, tampoco está claro cuánta agua involucran los derechos consuetudinarios, es decir los entregados a partir de la llegada de los españoles y que, si bien están reconocidos legalmente, no siempre cuentan con un documento formal que los acredite y, por lo mismo, no pueden ser registrados en el Catastro Público de Aguas. “Lamentablemente, no hay una información en cuanto a número, características y ubicación de los derechos consuetudinarios. Por ello, lo que tenemos es una fotografía incompleta en cuanto a la existencia de cuánta agua representa el ejercicio de esos derechos. Tampoco hay claridad respecto de cuál es la proporción de esos derechos que no están regularizados”, explica Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC.  

El tema es uno de los que se plantea en la modificación del Código de Aguas que está en el Congreso, y podía llevar a que muchos de los dueños de esos derechos —en su mayor parte pequeños, medianos agricultores y comunidades indígenas— se arriesguen a sanciones o a una eventual pérdida en un conflicto. “Muchos agricultores no ven que regularizar les otorga un nivel de protección.  

El cambio que se propone, podría implicar que, si bien los derechos, aun no regularizados, siguen existiendo, algunos agricultores podrían verse menoscabados en situación de conflictividad o si se quiere oponer a la solicitud de un nuevo derecho o una obra, por ejemplo”, explica Daniela Rivera. (...)