Espacios públicos de alto valor ambiental

El Observatorio de la Costa advirtió que la nueva propuesta constitucional atenta contra espacios públicos de alto valor ambiental.

Aunque la comunidad científica ha entregado evidencia para justificar la urgente necesidad de contar con una legislación que permita proteger los ecosistemas costeros, hoy amenazados por la urbanización en el litoral y los impactos del cambio climático, el Consejo Constitucional aprobó nuevas enmiendas que establecen que los bienes nacionales de uso público, entre ellas las playas, podrían ser concesionadas a privados.

¿Qué implica este anuncio? Para los expertos en ecosistemas costeros es un retroceso abrumador tanto para el medioambiente como para los derechos fundamentales como el acceso público a nuestro territorio nacional.

“Que las playas que hoy son públicas sean concesionadas implica que el acceso universal desaparece, al transformarse en ‘derecho de propiedad’. El uso de los ecosistemas, además, nuevamente quedará al albedrío de quién posea la concesión y no de una legislación que garantice su protección”, explica Carolina Martínez, académica de Geografía UC y directora del Observatorio de la Costa.

La experta comenta que es fundamental avanzar en el reconocimiento del dominio público de la costa, no su privatización, como lo demuestran las recientes catástrofes por la construcción de edificios sobre dunas, que a poco más de una década de ser levantados, han debido ser evacuados por el peligro de derrumbe y hoy enfrentan la posibilidad de una demolición.

“Este caso se multiplica en diversos lugares del país como resultado de intervenciones que ya no son sostenibles en pleno siglo XXI y elevan el riesgo de desastre en la sociedad”, advierte. (...)