Infraestructura para el encierro y para la prevención
La construcción de una cárcel de alta seguridad para controlar al crimen organizado ha generado controversias. Primero, porque es un proceso que toma años y la infraestructura no asegura el control de la corrupción. Este hecho no es nuevo, hace más de dos años desde Justicia y Sociedad UC publicamos un hallazgo empírico grave levantado en uno de nuestros estudios: el 70% de los gendarmes refería haber presenciado prácticas de corrupción en las cárceles. Segundo, una medida con mayor impacto a corto plazo dice relación con hacerse cargo de la política penitenciaria y del hecho de que aproximadamente el 60% de los cupos de las cárceles se usan para encerrar delitos menores y con baja probabilidad de reincidencia. Un ejemplo claro se observa en las cárceles de mujeres, donde la mayoría de las privadas de libertad están por delitos de drogas y contra la propiedad, como hurtos. Es decir, perseguimos y apresamos principalmente hechos que no generan gran daño a la sociedad. Además, seguimos solucionando los problemas con la misma tecnología de hace 200 años, el encierro. La corrupción, sin embargo, se controla con inteligencia y para ello se requiere primero prevenir, segundo perseguir y apresar, y finalmente castigar. Es curioso que el mundo político comience al revés, por el final de la cadena. (...)
Los Centros Cívicos por la Paz (CCP) son una estrategia que puede contribuir a la prevención del delito, proveyendo espacios de encuentro comunitario y reunión de la oferta del Estado en comunidades especialmente desaventajadas y vulnerables. Se trata de grandes inversiones en infraestructura focalizada principalmente en jóvenes en riesgo social. Estos programas han sido exitosos en países como Costa Rica y Colombia.
Los CCP representan un enfoque colaborativo en el que la infraestructura pública se desarrolla en asociación con las comunidades locales, centrándose en la cohesión social y la participación. Actúan como núcleos interinstitucionales, integrando los esfuerzos de los gobiernos central y local, así como de los grupos comunitarios organizados, para crear un entorno seguro. (...)
