Corte Suprema erosiona un pilar fundamental de la democracia de EE.UU.

“El Presidente de los Estados Unidos será sujeto a juicio político, juzgado, y, tras ser condenado por traición, soborno u otros delitos graves y faltas, removido de su cargo; y posteriormente será sujeto a procesamiento y castigo en el curso ordinario de la ley. La persona del rey de Gran Bretaña [por otro lado] es sagrada e inviolable; no hay un tribunal constitucional al que él sea responsable”. Así escribió Alexander Hamilton, redactor de la Constitución de EE.UU., en 1788. La cita expresa en lenguaje elegante algo que cada niña estadounidense sabe: que la revolución americana se libró para deshacerse del poder monárquico, que en EEUU el Estado de derecho se aplica a todos por igual, incluyendo al presidente. Nadie está por encima de la ley, y todos son iguales ante ella.

Después de casi dos siglos y medio de amplio consenso sobre este principio fundamental, el ala republicana radicalizada de la Corte Suprema, liderada por el juez John Roberts, decidió la semana pasada desechar la mayor parte de él.

En su fallo sobre el enjuiciamiento federal contra Donald Trump, por su papel en intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el juez Roberts, escribiendo para la mayoría, decretó que el presidente tiene “inmunidad absoluta” para “actos oficiales” cuando esos actos se relacionan con los poderes centrales de su cargo. Continuó añadiendo que, “En cuanto a sus restantes acciones oficiales, también tiene derecho a inmunidad.” Como si esto no fuera suficiente, se agregaron varias disposiciones más que hacen extremadamente difícil en la práctica la responsabilidad penal de los expresidentes – que la corte unilateralmente restringió a asuntos de “conducta privada” no relacionada con el cargo.

Antes de este fallo, nunca había existido inmunidad criminal para los presidentes. No existe tal disposición en la Constitución, lo cual, por supuesto, no es una sorpresa. La Declaración de Independencia es una lista de acusaciones contra el Rey Jorge III diseñada para mostrar porque los hombres deben ser gobernados por leyes y no por la voluntad arbitraria de los déspotas. Los fundadores crearon un sistema de gobierno dividido precisamente para asegurar un sistema de controles y balances que funcionara como barrera contra los abusos de poder, especialmente aquellos provenientes del poder ejecutivo.(...)