La otra reforma ambiental

La telaraña de complejos trámites y extensos plazos que tiene cautiva al desarrollo económico chileno, así como otras telarañas que la autoridad ambiental pareciera anteponer al desarrollo de inversiones, han devuelto la atención al proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en el Senado a comienzos de 2024, con el cual se busca modernizar diversos aspectos de la institucionalidad ambiental.

En esta discusión subyace una aparente tensión entre impulsar un desarrollo económico sostenible y adoptar medidas eficaces frente al cambio climático. Pero también subyace en ella un sentido de urgencia económica, ante un contexto regional en el que varios países latinoamericanos han implementado ambiciosas reformas orientadas a simplificar trámites burocráticos, modernizar marcos regulatorios y atraer inversión extranjera. Así lo evidencian reformas legales en Argentina, Brasil, Colombia o Panamá, como también otras medidas adoptadas por los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, Perú o Uruguay en la última década.

Ciertamente se trata de una iniciativa con algunos aciertos y muchos aspectos a mejorar (puede revisarse una evaluación del proyecto aquí). Pero la creciente atención que ella ha recibido, sorpresivamente, ha llevado a desatender por completo otra ambiciosa reforma ambiental impulsada por el Gobierno en un foro internacional: la opinión consultiva solicitada conjuntamente por Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los deberes que les asisten en materia de cambio climático. Como toda opinión consultiva, con ella se busca aclarar el contenido de los deberes y obligaciones estatales que derivan de una efectiva protección de los derechos humanos.

En esta solicitud, presentada en enero de 2023, ambos gobiernos declaran buscar que la Corte precise el alcance de las obligaciones internacionales que individual y colectivamente les asisten para enfrentar la emergencia climática. A primera vista pareciera ser una petición algo ingenua y voluntarista, con la que se busca obtener directrices que guíen la formulación de políticas ambientales. Sin embargo, una lectura atenta del requerimiento evidencia una agenda mucho más ambiciosa y activista a la que públicamente se declara, sobre todo tratándose de gobiernos que carecen de mayorías parlamentarias para impulsar internamente tales agendas.

La consulta formulada es tan amplia en la cantidad de materias cubiertas como específica en lo que se solicita a la Corte precisar. Se pide determinar los principios que deben inspirar medidas de mitigación y adaptación climática, como las consideraciones a seguir por los Estados al requerir estudios de impacto social y ambiental. Más concreto aún, se consulta sobre las medidas a adoptar para minimizar el impacto de daños al medio ambiente, así como las políticas a seguir para facilitar la labor de sus defensores. En sencillo, parece buscarse establecer obligaciones internacionales que redibujen el estatuto constitucional y la regulación legal del medio ambiente de los países latinoamericanos a través de fórmulas para homogeneizar, construidas a partir del derecho interamericano de derechos humanos. (…)