Abogado del caso “Making a murderer” expuso en la UC en cuenta pública de la Defensoría Penal Públic

La Defensoría Penal Pública presentó su cuenta anual en la UC esta semana. Esto, debido a la alianza que sostiene con el Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC. La actividad se desarrolló durante la III Feria de Derechos Ciudadanos. En la ocasión, el abogado estadounidense Jerome Buting, representante de Steven Avery (“Making a murderer”) dictó una clase magistral sobre el concepto de presunción de inocencia contextualizado con el caso.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela, destacó la colaboración que existe entre ambas instancias y dio la bienvenida a la institución. En la actividad se refirió a la misión del Programa de Estudios Sociales del Delito, en línea con el afán por el “desarrollo de una justicia eficaz y moderna con acceso más amplio y expedito para todos, con respeto hacia la presunción de inocencia y el debido proceso y con un compromiso claro con las oportunidades de rehabilitación y reinserción social de quienes infringen la Ley”.

Valenzuela recordó la exhortación que el Papa Francisco realizó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín en enero, donde resaltó la necesidad de observar el crimen y el delito desde la óptica del perdón: “ser privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad”.

Presunción de inocencia en el contexto local e internacional

El abogado Jerome Buting fue el encargado de realizar una clase magistral en la instancia. Buting se hizo mundialmente conocido por representar el caso de Steven Avery, quien fue liberado tras una condena injusta de larga data y luego volvió a la cárcel tras un segundo caso donde fue considerado culpable. La historia fue documentada en una serie emblemática de Netflix sobre este tema. 

¿Cómo enfrentar un caso donde existen posibles pruebas fabricadas? ¿Cuánto se respeta el principio de presunción de inocencia en determinados contextos judiciales? El abogado buscó responder estas y otras interrogantes en la clase titulada “Ilusión de justicia. ‘Making a murderer’ por dentro”. 

Buting dio a conocer los detalles del caso, mostrando las pistas sospechosas que se generaron en la segunda condena. El jurista realizó un paralelo con lo que ocurrió en Chile con la “Operación Huracán” y manifestó que “tenemos que asegurarnos de que sólo los realmente culpables sean procesados”.

Entre las malas prácticas que van en contra del principio de presunción de inocencia, el abogado se refirió a las declaraciones forzadas, pruebas de ADN alteradas y plantación de evidencia. “Hay tantos culpables, que no podemos procesar a cada uno de ellos, pero sí asegurarnos de que los procesos sean transparentes”, manifestó. 

Tras la clase de Buting, se realizó un debate moderado por Georgy Schubert, ex Defensor Nacional; con la participación de Catalina Droppelman, directora del Programa de Estudios Sociales del Delito UC; Ciro Colombara, abogado de Pro Bono; Juan Pablo Hermosilla, abogado penalista UDP; y Nicolás Grau, académico de Economía de la U. de Chile.     

La intervención de Droppelman se centró en el enfoque socio-legal que promueve el Programa que dirige, abocado a “analizar la relación entre la Ley (sus paradigmas e instituciones) y la sociedad en su conjunto”. 

En estos términos, analizó aquellos factores que de alguna manera podrían amenazar el desarrollo de un juicio justo y abordó la idea de Buting respecto de que la presunción de inocencia iría a la baja, de acuerdo al contexto local. “Si bien Chile presenta la proporción más baja de personas en prisión preventiva respecto de condenados en la región, esta aumentado significativamente en los últimos 10 años (22% en 2007 a 36% en 2017). Tal vez en este sentido, lo alarmante no sea su excesivo uso, sino el clamor ciudadano para su uso y el desconocimiento de la presunción de inocencia como un derecho”, señaló. 

Droppelman citó un estudio realizado por la UC para la DPP en 2015, el cual mostró que sólo el 9% de la ciudadanía sabía que las personas tienen derecho a ser tratados como inocentes durante su detención y que sólo el 48% sabía que era la Reforma Procesal Penal. 

A la vez, se refirió a los actores clave de un proceso judicial (policías, jueces, fiscales y defensores) en el Sistema de Justicia Penal y “cómo estos procesos pueden resultar en un sesgo que afecte negativamente a las minorías o las personas en situación de exclusión social”. 

Al respecto, dio a conocer una investigación del Programa, que buscó explorar si existen sesgos implícitos en el proceso de determinación de las sanciones en el sistema de justicia juvenil a través de encuestas a más de 200 jueces de garantía en Chile. Este “mostró que si bien los factores legales son decisivos sobre la toma de decisiones judiciales, este proceso no se basa de forma exclusiva en base a estos”. 

De hecho, continuó, “cuando la información judicial se ve conjugada con ciertos factores extra legales (como consumo de drogas, escolarización, redes de apoyo, género, entre otras) se puede comprender de mejor manera la decisión de dictar una sanción privativa de libertad por parte de los jueces”. 

Finalmente, la académica se refirió a la relevancia de investigar lo que ocurre en el sistema de justicia criminal. “Sabemos bastante de la labor de los policías y del sistema penitenciario, pero el sistema de justicia criminal sigue siendo una caja negra, para la mayoría de quienes no operan dentro del sistema de justicia criminal. Las leyes regulan comportamientos y acciones, pero no aseguran que éstos se den de la manera que se espera en la realidad. Esto último es lo que urge investigar en nuestro país”.

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Violeta Bustos, Dirección de Comunicaciones, vsbustos@uc.cl/ Francisca Campos, Instituto de Sociología, frcampos@uc.cl