Académicos UC entregan recomendaciones para mejorar el proyecto de ley sobre integración social y ur

Siete expertos de la UC fueron convocados por el Centro de Políticas Públicas para analizar y entregar aportes a la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sobre integración social y urbana. “El ejecutivo está respondiendo a la necesidad de establecer nuevas políticas públicas que permitan mayores grados de integración en la ciudad”, aseguró el académico de la Escuela de Gobierno, Diego Gil, en el “Encuentro Integración Social y urbana: aportes críticos para la nueva ley”.

Junto a Luis Eduardo Bresciani de Arquitectura, Alejandra Rasse de Trabajo Social, Felipe Link, Javier Ruiz-Tagle y Francisco Sabatini del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y Pía Mora del Centro de Políticas Públicas UC analizaron las principales dificultades del proyecto y entregaron algunas propuestas.

“Proponemos que se incluya una definición explícita de lo que significa integración social y urbana y que pueda asociarse a indicadores que sean cuantificables, lo que no está en el proyecto de ley”, señaló Diego Gil.

Otro de los problemas que identificaron fue la excesiva confianza en que el mercado va a poder generar vivienda inclusiva. “Establece incentivos que no están asociados a obligaciones y eso nos parece que puede disminuir el impacto de un proyecto de ley de este tipo”, explicó al referirse a las zonas de integración, donde tendrían un rol clave los municipios y desarrolladores inmobiliarios.

También manifestó preocupación por el componente social de la integración: “Tiene que ver con la idea de mixtura social, cohesión social y participación de beneficios que ofrece la ciudad y, en ese sentido, nos parece que el proyecto es débil”.

La académica Alejandra Rasse expuso las recomendaciones en materia de concesiones. Si bien valoraron que las organizaciones sin fines de lucro puedan participar como potenciales concesionarios plantearon que “el Estado podría actuar como garante para que obtengan los créditos en la banca para poder entrar en el negocio”.

En cuanto a las prácticas de selección y gestión propusieron “usar el criterio de localización de los postulantes de forma mixta: un porcentaje cerrado a beneficiarios de la comuna para enfrentar demanda interna y un porcentaje abierto a personas externas para promover el arriendo como una opción de movilidad residencial”.

La ausencia de un modelo de gobernanza específico para la integración urbana también es problemática: “Uno de los principales riesgos de este proyecto tal como está es que el incentivo no opere en la práctica, que no resulte ser un negocio rentable para un inmobiliario y que algunos municipios donde sí pueda ser rentable resistan”. “Es necesario definir la gobernabilidad de la integración considerándola como algo sistémico y transversal al desarrollo urbano donde se fijen objetivos para todos los actores involucrados”, sentenció.

El investigador del Centro de Políticas Públicas, Martín Coloma, expuso una modelación de escenarios para saber si se puede asegurar la provisión de viviendas subsidiables con buena accesibilidad mediante mecanismos de mercado como el propuesto en el proyecto de ley. Encontraron que, si bien el incentivo normativo puede generar algún efecto positivo, sería acotado. “El desafío del Estado está en buscar los mecanismos para maximizar estas viviendas subsidiadas a cambio del beneficio normativo”, sostuvo.

La opinión de los parlamentarios

En el Encuentro participaron diputados, quienes actualmente se encuentran tramitando esta iniciativa; representantes del sector público como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Recoleta; también del sector privado como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, TOCTOC, y la sociedad civil como Techo y académicos de otras universidades.

“El proyecto establece con mucha ambigüedad lo que significa integración social. De hecho, se entremezclan distintas definiciones y, por lo tanto, distintos objetivos de la política pública propuesta”, planteó como inquietud el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Gonzalo Winter, quien añadió: “La mezcla social podría ser una de las cosas que estamos persiguiendo o la construcción de viviendas sociales o mejorar el acceso a los bienes urbanos y son cosas súper distintas”.

El diputado de la Comisión de Vivienda, Osvaldo Urrutia, destacó los hallazgos del análisis: “Es cierto que estos efectos normativos van a conducir a que el sector privado incursione en estos proyectos, pero va a ser acotado”.

Por su parte, el diputado Pablo Kast fue más crítico: “Todos tenemos un anhelo muy grande de que este fenómeno de segregación profunda se resuelva y esta ley va en esa línea, pero quiero hacer un llamado a aterrizar las expectativas. Esta es una ley que hagamos lo que hagamos no va a solucionar todas las aristas de la segregación urbana en Chile”.

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