¿Cómo mejorar la transparencia entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado?

Recientemente han salido a la luz pública varios casos donde la probidad y transparencia entre Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Estado se ha puesto en tela de juicio.

Uno de ellos, ocurrido hace más de dos meses, fue el que reveló el medio regional Timeline: Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva y pareja de la diputada Catalina Peréz, firmó tres convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En los contratos, que se sellaron con decretos en los meses de octubre y diciembre del 2022, la entidad estatal le transfirió a la organización un total de $426 millones. En ese tiempo, también figuraba en el portal de Transparencia como asesor de la Subsecretaría de Defensa. Tanto el Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, como la diputada Peréz y su pareja eran militantes de Revolución Democrática. A la fecha todos están siendo investigados por la Fiscalía.

Esta pesquisa generó un gran revuelo en la opinión pública, y causó que la Contraloría General de la República detuviera todos los contratos entre las fundaciones y el Estado. Además, a la fecha, la Fiscalía se encuentra investigando por el mismo hecho a diez fundaciones en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, O’higgins, Maule, Biobío, Los Lagos y La Araucanía, tal como muestra este mapa elaborado por el medio online Pauta.

Como respuesta a esta situación, el pasado 4 de julio, el Gobierno creó la Comisión para la  Probidad y Transparencia, con el objetivo de que planteen  propuestas, en un plazo no mayor a 45 días, para mejorar la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado. Entre los seis expertos convocados se encuentra Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.

Si bien el tema ha sido parte de la contingencia nacional en los últimos meses, desde hace más de diez años que el Centro de Políticas Públicas UC (CPP UC) ha trabajado con distintas fundaciones y  organizaciones de la sociedad civil de todo el país, dando cuenta de sus principales dificultades y elaborando propuestas para mejorar su transparencia, enfatizando en la relación que estas tienen con el Estado.

Vínculo entre el Estado, fundaciones y OSC

En 2015, el Centro UC de Políticas Públicas junto con la Fundación Chile+Hoy, comenzó el proyecto Sociedad en Acción, que busca mostrar el valioso aporte de las OSC, realizando estudios, impulsando el espacio para debates y proponiendo ideas que fortalezcan su colaboración con el Estado.

En el marco de dicho proyecto, en 2019 se publicó la iniciativa Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil: desafíos y propuestas. Para este estudio participaron en una mesa de trabajo relacionada con la confianza, fe pública y registro, 27 OSC de la Región Metropolitana, Valparaíso y del Biobío, además de siete organismos públicos. Asimismo, otras 17 OSC colaboraron en una mesa técnica sobre las transferencias de recursos desde el Estado.

Este trabajo permitió identificar problemas tales como la falta de apoyo técnico para la constitución y los trámites que mantienen a las OSC en funcionamiento, y la insuficiencia de instancias para resolver conflictos internos. También permitió elaborar recomendaciones, como la creación de una ventanilla electrónica que permita que las OSC realicen sus trámites, un servicio que vaya en apoyo de su funcionamiento o la creación de un registro único, universal, integrado y electrónico que registre el nombre de la organización, su misión y objetivos, entre otras cosas.

Por otro lado, la Guía de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional plantea que las OSC, además de jugar un rol importante en la defensa de los derechos humanos,  dan  “respuesta a problemáticas que no han sido resueltas ni por el Estado ni por el mercado”. Destaca también su autonomía, lo que le permite “formular iniciativas y planteamientos, de manera transparente y abierta”, como también  trabajar en torno a los intereses comunes y necesidades de los y las ciudadanas.

Además, el estudio explica que las OSC  “han experimentado un gran crecimiento que se ha visto reflejado en su tamaño y en la cantidad de recursos que manejan”. El mapa de las OSC del año 2020 -elaborado por Sociedad en Acción- muestra que, hasta esa fecha, en Chile existían 319.819 OSC inscritas, cifra que se mantiene al alza desde inicios de la década de los  90’s.

Este aumento también se ve reflejado en su participación en temáticas de interés público como educación, vivienda, salud y medioambiente. Esto hace que el financiamiento estatal sea de especial interés: ha habido un cambio del Estado “desde ejecutor de servicios públicos a articulador de redes y de la colaboración entre organismos público-privados”, se afirma en el informe Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil: desafíos y propuestas.

Sobre esto, Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, afirma que las OSC son fundamentales “para fomentar la cohesión social y permitir que los ciudadanos contribuyan a la solución de los problemas públicos”. Además, considera que “el Estado debe tomar las medidas adecuadas de fiscalización suficientes y no excesivas, pero que permitan el resguardo de la fe pública en la sociedad”.

Las últimas cifras de Cadem muestran que un 86% de las personas encuestadas piensa que lo sucedido con Democracia Viva es una práctica generalizada y no un hecho aislado, mientras que un 68% piensa que la comisión de expertos para la probidad y transparencia dirigirá de buena forma el hecho. 

Sobre esto mismo, el documento citado anteriormente, realizado por el Centro UC de Políticas Públicas junto con Fundación Chile+Hoy, enfatiza en que el crecimiento de las OSC ha causado que “surjan dudas con respecto a su legitimidad, y representatividad, cuáles son sus intereses y con qué fin los realizan”. El documento elaborado por Sociedad en Acción afirma que la fe pública en las fundaciones y OSC es fundamental para aumentar sus recursos y, en consecuencia, continuar con su funcionamiento.

Respecto al tema de la confianza, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y miembro de la comisión para la probidad y transparencia, explica que lo sucedido con el financiamiento de Democracia Viva “probablemente repercuta en una menor valoración y pérdida de confianza” en las fundaciones y que las más de 30.000 organizaciones que se encuentran trabajando actualmente en Chile deben continuar con sus tareas, pese a las dificultades.

Propuestas preliminares

En un plazo de 45 días, el grupo de seis expertos y expertas tendrá que analizar las debilidades, fortalezas y posibilidades de los convenios entre el Estado y las fundaciones, con el objetivo de generar propuestas. “Esta no es una comisión para la foto (…) A mí, personalmente, y como Gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones”, afirmó el Presidente Gabriel Boric a la prensa durante la presentación de la comisión.

Dentro de los especialistas, además de Ignacio Irarrázaval, se encuentra María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la comisión; Ramiro Mendoza, excontralor General de la República; Francisco Agüero, abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile; Jeannette Von Wolfersdorff, parte del Consejo Fiscal Autónomo y directora de Fundación Chile; y Valeria Lübbert, abogada de la Universidad de Chile.

Desde que la comisión inició su trabajo, el Centro de Políticas Públicas UC ha presentado distintas propuestas basadas en el trabajo que se ha realizado durante los últimos diez años. Hans Rosenkranz considera que el trabajo del CPP UC en la última década ha sido esencial para abordar estas temáticas realizando estudios  “para poner el valor de la sociedad en acción (…) entran a la abogacía por los temas que son invisibles para el Estado”.

Dentro de las recomendaciones que se han hecho para la comisión se encuentran tener mecanismos de fortalecimiento que aseguren la transparencia entre el Estado y las fundaciones. Estos deben mostrarle a la ciudadanía el uso que le dan estas entidades a los fondos estatales, para ello, se propone la utilización de un portal único electrónico. Por otro lado, se recomienda modificar requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad: las organizaciones deben mostrar información relativa a sus estatutos, miembros de su directorio, como también sus partidos políticos, las actividades que realizan, sus ingresos y gastos, entre otras cosas.

Maria Jaraquemada señala que los miembros de la comisión se encuentran compartiendo información con el fin de establecer un diagnóstico y una forma de trabajo que les permita llegar a acuerdos, en los que han contribuido los insumos del CPP UC. De igual forma comenta que esperan aportar “con propuestas y recomendaciones de políticas públicas que permitan modernizar el sistema actual y tener una relación entre el Estado y la sociedad civil basado en pilares de transparencia”.

Otro de los ejes son las sanciones. Quienes cometan faltas, no usen correctamente los recursos públicos y no tengan su información al día, se les prohibirá postular a fondos públicos o serán multados. Estas recomendaciones, y las anteriores, fueron elaboradas en base a experiencias de países como Inglaterra, Brasil, España y México.

Por su parte, el director del CPP UC, Ignacio Irarrázaval, concluye diciendo que están trabajando para aumentar la “transparencia de la relación entre el Estado y sociedad civil” destacando que, más allá de los espacios legislativos, existen vías administrativas que permitirán establecer mejoras.