Estudio analiza cómo viven adultos mayores en establecimientos públicos y privados

A través de cuatro pautas, una de observación para medir la infraestructura; otra para entrevistar a las personas mayores residentes; una especial para los cuidadores de trato directo; y una final para medir las condiciones administrativas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó en 2018 un estudio sobre los derechos humanos de los adultos mayores en establecimientos de larga estadía (ELEAM), tanto del Servicio Nacional del Adulto Mayor como en centros privados.

“Se visitó a 26 establecimientos de larga estadía de varias partes del país, se entrevistó a 26 directivos, 109 personas mayores, 121 cuidadores de trato directo y logramos aplicar 24 pautas de observación”, explicó Sebastián del Pino, abogado del INDH.

Estos ELEAM contaban con 930 personas mayores residentes al momento del estudio, 510 de ellos vivían en establecimientos del Senama y 420 en privados. El 52,3% eran mujeres y 40,4% tenía más de 80 años. “En los del Senama había más hombres debido a que la mayoría son derivados por el Juzgado de Familia por estar en situación de calle”, comentó del Pino.

De los encuestados, el 76,3% consideró que tenía un buen estándar de vida en centros del Senama frente a un 68,1% que dijo lo mismo en establecimientos privados. En temas de alimentación, el 95,2% dijo que tienen una sensación de estar bien alimentados en las instituciones públicas, frente a un 89,1% de los que residen en centros privados.

“Las personas mayores, en general, parecen mejor cuidadas en los establecimientos financiados por Senama, frente a los privados. Esto debido a que la fiscalización que realiza la Seremi de Salud es mucho más extensa en esos establecimientos y también el acompañamiento del Senama asegura ciertos estándares de calidad”, agregó el abogado.

No ocurre lo mismo en la cantidad de personal que existen en los ELEAM, donde sólo el 16,6% de los directivos de centros del Senama mencionó que contaba con personal suficiente, frente a un 78,6% que aseguró que contaba con personal adecuado en los centros privados. “En los establecimientos privados, los cuidadores de trato directo dicen sentirse mejor por distintas prácticas laborales, mientras que en los públicos estos admitieron sentirse más agotados, porque al pertenecer a organismos públicos donde es muy complejo aumentar el número de trabajadores, son muy sobre exigidos en el cumplimiento de su labor”.

Apoyo a los cuidadores

El estudio detectó que existe un porcentaje de personas mayores que no están recibiendo los cuidados que requieren y, por otro lado, una proporción de personas cuidadoras que admitió estar en un nivel de desgaste extremo y que hace lo posible por responder de una manera adecuada. “A esto se suma que muchas cuidadoras son mujeres y también tienen que asumir otros roles en sus casas, por lo que tienen una carga de trabajo importante”, destacó Solange Campos, académica del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento.

Los cuidadores que participaron en el estudio no ocultaron que existen situaciones de maltrato en sus centros, siendo esto una señal del desgaste que padecen. “La presencia de maltrato es una realidad que necesita medidas urgentes. Hay que capacitar a los cuidadores en manejo de situaciones complejas y cómo canalizar esto”, agregó Muriel Abad, jefa de la División de Planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

“Ellos no sólo tienen que lidiar con el cuidado de una persona que está en una situación compleja. Sino que nadie habla de los duelos, cuando se les mueren sus adultos mayores con los cuáles han creado un vínculo, cómo lo elaboro y proceso lo que estoy sintiendo”, dijo Campos.

Los 14 establecimientos de larga estadía que tiene Senama en ocho regiones cuentan con un protocolo que se busca traspasar a instituciones privadas que lo requieran junto a capacitación técnica. “Estamos impulsándolo con bastante fuerza porque además de apoyar con la obtención de las resoluciones sanitarias a las instituciones que buscan regularizar o comenzar su funcionamiento, también queremos entregar servicios que resguarden los derechos de las personas mayores, contribuyendo a su calidad de vida”, comentó Abad.

¿Y los clandestinos?

Hasta marzo de 2018, el estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos detectó que habían 903 ELEAM autorizados en el país, de los cuales 14 son financiados por Senama. Hasta 2004 existían 624 ELEAM clandestinos que funcionaban sin autorización de las autoridades, se cree que actualmente la cifra aumentó al menos a 900 a nivel nacional.

“A los clandestinos hay que ayudarlos a que se regularicen. No tenemos que cerrarlos porque de lo contrario habrían muchas personas sin lugar donde ir. Las universidades, ONGs y todo el resto de organizaciones tenemos que trabajar fuertemente para ver cómo podemos hacer para que estos clandestinos puedan prepararse para acreditarse según la ley, y los que no lo hagan deben cerrarse”, finalizó Rosita Kornfeld, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad (cargo que depende del Alto Comisionado de las Naciones Unidas), participante del encuentro en donde se presentaron los resultados de este estudio.