Función pública: un área prioritaria hoy ignorada

La Presidenta de la República invitó  a dialogar a los rectores de G9 acerca del proyecto de reforma a la educación superior, que está hoy en el centro del debate educacional. Sobre ello escribe una columna el rector Ignacio Sánchez que recoge El Mercurio en su edición del viernes 31 de marzo.  “Hemos expresado previamente que el principal motivo de nuestra preocupación es la mala calidad del proyecto, el que no recogió el sentir y las propuestas planteadas en su discusión por los diferentes actores que participaron en el debate”, señala.  En realidad, dice,  el gobierno ha demostrado inoperancia y falta de conocimiento al momento de conducir esta reforma, lo que ya ha sido manifestado por diferentes sectores. Las áreas prioritarias a mejorar son la definición de la función pública de las universidades, el trato justo y equivalente a estas instituciones y la necesaria autonomía de las instituciones.

Sostiene que de estos grandes lineamientos  se van a derivar los aspectos de regulación, aseguramiento de la calidad, estímulo de las universidades regionales y el financiamiento del sistema.
Para la autoridad, una de las falencias principales del proyecto es que no define el sistema de educación superior sistémico, amplio y diverso que queremos para el país. Tampoco se describe la función pública de la universidad del presente y la que deseamos a futuro. Esta función sólo se describe desde la lógica de las universidades estatales. “Hemos insistido que si bien es muy necesario otorgar apoyo a las universidades estatales, -en particular a las de regiones-, esto no debe ser exclusivo y a expensas de otras instituciones. La actual propuesta omite todo reconocimiento a la contribución que las instituciones tradicionales no estatales han hecho al país durante décadas, a partir de su identidad y sentido de misión”, precisa.  De hecho, agrega,  se puede decir que uno de los escasos logros de este proyecto ha sido la tensión y fractura al interior del Consejo de Rectores. Es por esto que le expresamos a la Presidenta que nos sentimos maltratados como Red de universidades públicas o G9, agrupación de universidades que se distingue por su calidad y presencia regional, que han trabajado lealmente desde hace más de sesenta  años al interior del Cruch.

Hace ya noventa años, las universidades del Estado y las particulares reconocidas como cooperadoras de la función educacional se han considerado personas jurídicas de derecho público, correspondiéndole al Estado proveer un adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. Esto ha estado vigente bajo diferentes gobiernos, admite Sánchez, lo que ha permitido un desarrollo del cual el país hoy se beneficia. En la UC, este compromiso público se expresa de manera permanente en el trabajo que realizamos al servicio de las personas, por medio de la formación, la búsqueda y transferencia de nuevo conocimiento y la entrega de propuestas que se orientan a ofrecer soluciones a los problemas más acuciantes de la sociedad.

Otro de los aspectos cruciales que se debe considerar en el proyecto, según el rector,  es la autonomía de las instituciones, a través de la regulación del sistema, su transparencia y el aseguramiento de la calidad.  El sistema requiere que se desarrolle una nueva estructura institucional y se establezca un proceso regulatorio que garantice la transparencia financiera y de información para los padres y estudiantes.  Si bien en el actual proyecto se plantea una nueva estructura institucional, -que incluye una superintendencia, subsecretaría y un consejo de calidad-, estas deben ser entidades que permitan a las instituciones avanzar con claridad y rigurosidad, y no organismos que establezcan sobrerregulaciones que arriesgan producir sólo una burocratización en exceso del sistema, concediéndole al Estado un único rol controlador. “Esta propuesta además de ser desfavorable para la calidad de las instituciones, presenta un evidente riesgo para la autonomía universitaria, siendo ésta un aspecto crucial para el crecimiento y desarrollo del sistema. Esto perjudica a todas las universidades, independiente de su propiedad. Es de esperar que las indicaciones sustitutivas y las próximas modificaciones en el texto puedan rescatar estos aspectos”, manifiesta.  

En resumen, dice que el actual desconocimiento de la historia y presente de la Educación Superior de nuestro país constituye una injusticia y discriminación imposible de aceptar. La diversidad del sistema debe ser valorada  conscientes de que el foco prioritario ha de estar en la calidad. “Estamos convencidos de que tenemos los argumentos y la razón para plantear estas demandas, por lo que no descansaremos hasta que el gobierno y el parlamento las comprendan y las incorporen en el proyecto de ley. Este año de elecciones debe ser también un año de definiciones, de cara a la ciudadanía”, enfatiza.

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