Los desafíos de la organización institucional en la nueva Constitución
Adelantar ciertas pautas para el diseño institucional, teniendo en consideración los principales desafíos que afectan a nuestro sistema político, es el objetivo del texto ‘Organización institucional. Criterios para la Deliberación Constitucional’ presentado por académicos del Foro Constitucional UC.
photo_camera En cuanto al sistema de gobierno, el documento propone que la futura estructura responda a la tradición chilena de ejercicio del poder y a los resultados de su puesta en práctica; contar con mecanismos que faciliten el diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; disponer de fórmulas institucionales para gestionar eventuales crisis políticas; y facilitar que el votante pueda identificar al responsable de las decisiones políticas. Foto: archivo Comunicaciones UC
Ocho académicos UC componen la comisión de Organización Institucional del Foro Constitucional UC, entidad que recientemente dio a conocer el documento ‘Organización institucional. Criterios para la Deliberación Constitucional’. El texto aborda, desde una mirada interdisciplinaria, los criterios generales a considerar al momento de establecer las instituciones estatales en la nueva Carta Magna, teniendo a la vista el desarrollo político y constitucional de Chile, su cultura política, los compromisos internacionales y los avances del Derecho Público.
La comisión fue dirigida por Marisol Peña (Facultad de Derecho), y conformada por Matías Bargsted (Instituto de Sociología); Gonzalo Candia (Facultad de Derecho); Loreto Cox (Escuela de Gobierno); Emilio Depetris (Instituto de Economía); Valeria Palanza (Instituto de Ciencia Política); Sebastián Soto (Facultad de Derecho); y José Antonio Viera-Gallo (Centro de Políticas Públicas). El secretario técnico fue Simón Pinto.
El texto se articula en dos partes: la primera da cuenta de la situación que desencadenó el proceso constituyente, poniendo el acento en el desajuste que se ha creado entre las instituciones y la ciudadanía y que redunda en una fuerte crisis de confianza. La segunda, adelanta ciertas pautas que puedan servir al diseño institucional, teniendo en consideración los principales desafíos que afectan al sistema político.
“El texto considera las circunstancias que han generado una crisis de confianza en las instituciones públicas y que encuentra su origen en la incapacidad de aquellas para resolver las inquietudes ciudadanas. Asimismo, en haberse mostrado permeables a fenómenos como la corrupción y el financiamiento irregular de la política”, asegura la encargada de la comisión, profesora Marisol Peña.
“El texto considera las circunstancias que han generado una crisis de confianza en las instituciones públicas y que encuentra su origen en la incapacidad de aquellas para resolver las inquietudes ciudadanas”- Marisol Peña, académica Derecho UC
El gran desafío, asegura la misma, es “religitimar nuestras instituciones en su rol de encauzar el proceso político asegurando también la gobernabilidad democrática”. Para ello, agrega, es necesario que el diseño constitucional de las instituciones públicas “obedezca a principios como la transparencia y la adecuada responsabilidad fiscal, unido a criterios como la participación y una regionalización que concrete la autonomía necesaria de los gobiernos regionales”.
En la misma línea, la directora del Foro, profesora Alejandra Ovalle, afirma: “No podemos perder de vista la dimensión institucional de la crisis que da origen al proceso constituyente. Este trabajo, que reúne aportes de académicos de distintas disciplinas, nos invita a reflexionar sobre la situación actual de nuestra institucionalidad, y el modo en que la nueva Constitución puede contribuir a superar su déficit de representación y efectividad”.
Criterios para la regulación de las instituciones en Chile
En cuanto a las propuestas de criterios en el documento, que buscan impulsar la idea del Estado como un sistema institucional articulado y equilibrado, se recomienda como primera medida la consagración del principio de transparencia a nivel constitucional acompañado del reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información pública y de normas atingentes a la relación entre política y dinero, tanto en el financiamiento de campañas electorales como en la adopción de las decisiones públicas.
Sobre la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades ciudadanas se destaca la necesaria agilidad de instituciones para responder a las demandas, el incremento de los mecanismos de accountability para favorecer los aportes técnicos en la toma de decisiones, la regulación constitucional de las bases de la carrera funcionaria y la revisión de los mecanismos que rigen la elección de Ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional y de los consejeros del Banco Central.
"Este trabajo, que reúne aportes de académicos de distintas disciplinas, nos invita a reflexionar sobre la situación actual de nuestra institucionalidad, y el modo en que la nueva Constitución puede contribuir a superar su déficit de representación y efectividad”- Alejandra Ovalle, académica Derecho UC
En cuanto a partidos políticos, se busca instaurar una regulación constitucional que incentive su formación y desarrollo, mientras que las candidaturas de independientes deben ser promovidas bajo el principio de igualdad en la presentación de candidatos y participación en los procesos electorales, así como en el uso de reglas similares de responsabilidad y accountability que las que se exijan a los partidos políticos.
También se propone perseverar en el modelo representativo de participación incorporando fórmulas de democracia directa a nivel nacional, regional y municipal y de participación ciudadana en decisiones que van a afectar directamente su forma de vida y cotidianeidad.
El texto también hace referencia a los Gobiernos Regionales, los que deben adquirir real autonomía y un adecuado y transparente manejo de los recursos financieros, además de incorporar métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y un Defensor del Pueblo u ‘Ombudsman’.
En cuanto al sistema de gobierno, la futura estructura debe responder a la tradición chilena de ejercicio del poder y a los resultados de su puesta en práctica; contar con mecanismos que faciliten el diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; disponer de fórmulas institucionales para gestionar eventuales crisis políticas; y facilitar que el votante pueda identificar al responsable de las decisiones políticas.
Finalmente, se considera consagrar el principio de responsabilidad fiscal en la nueva Constitución.
Es fundamental, concluye el documento, que la nueva carta magna sea fruto de un diseño coherente entre sus diversas partes y disposiciones, tanto en lo referente a los principios que la inspiren como a la formulación de la garantía de los derechos que reconozca y la conformación de las instituciones encargadas del funcionamiento del aparato público, resguardando esos principios y haciendo realidad los derechos reconocidos en las cambiantes circunstancias del proceso histórico.
