Medio ambiente, descentralización y pueblos indígenas: Aportes a la discusión constitucional

Conformadas por alrededor de 20 académicos de la Universidad Católica y expertos externos, durante noviembre y diciembre de 2020, el Centro de Políticas Públicas UC convocó a tres mesas para aportar a la discusión constitucional, enfocadas en medio ambiente, pueblos indígenas y descentralización.

José Antonio Viera-Gallo, investigador asociado del Centro y quien moderó las mesas, afirmó que: "Para los miembros de la Convención, los documentos de nuestras mesas de discusión pueden ser un aporte significativo para entregarles una base más sólida en cuanto a las propuestas que hagan, los argumentos que utilicen y las decisiones que tomen al momento de votar”.

Y agregó: “Todo el que ha tenido experiencia legislativa sabe que, por la cantidad de temas que se tocan, es imposible dominarlos todos. Por eso, son fundamentales los aportes que puedan hacer las universidades y centros de estudios, para contribuir con un punto de vista más técnico".

Medio ambiente: desarrollo sostenible como principio rector

Con el objetivo de identificar los temas que debieran estar presentes en la discusión constitucional sobre el medio ambiente y entregar propuestas sobre cómo abordarlos, se reunieron los académicos Guillermo Donoso y Daniela Rivera, del Centro de Derecho y Gestión de Aguas; Ricardo Irarrázabal y Jorge Femenías, de la Facultad de Derecho; Francisca Reyes, del Instituto para el Desarrollo Sustentable; y Patricio Walker, del Magíster en Derecho LLM UC y VGC Abogados.

Las propuestas de la mesa de trabajo están plasmadas en el documento Contribuciones a la discusión constitucional: protección del medio ambiente y abordan cuatro dimensiones. En primer lugar, respecto a las bases de la institucionalidad, se plantea incluir en el capítulo I de la Constitución un deber general del Estado con el cuidado del medio ambiente, incorporando el concepto de desarrollo sostenible como principio rector, y agregando las responsabilidades de la ciudadanía y su derecho a la información en materias ambientales.

Por otra parte, con respecto a la garantía del artículo 19 Nº 8, la cual asegura el derecho a vivir en un “medio ambiente libre de contaminación”, se recomienda mantener su redacción de manera de evitar inconsistencias y contradicciones en el ordenamiento jurídico.

Para complementar en los deberes del Estado con el medio ambiente, una tercera propuesta apunta a que el uso racional de los recursos naturales quede explicitado como elemento clave dentro del principio de desarrollo sostenible. Sobre el agua, se establece que debiera reconocerse el derecho a su uso personal y doméstico, y que quede reconocido como un bien nacional de uso público, delegando la regulación de su uso, gestión y conservación al legislador.

Por último, los autores plantean que el recurso de protección ambiental se mantenga en cuanto la invocación del derecho sea vinculado a la persona, y que exista una situación que esté afectando el ambiente donde vive.

Pueblos indígenas: la diversidad de etnias como parte sustancial de la República

En el documento titulado Contribuciones a la discusión constitucional: reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas quedaron plasmados los resultados de la mesa de trabajo que buscó generar un insumo para abordar de manera integral la temática de las naciones originarias en la nueva Constitución. Aquí participaron Andrés Antivil, de Fundación Empresas i; Sebastián Donoso, de la Facultad de Derecho UC; Verónica Figueroa Huencho, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Salvador Millaleo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Marjorie Murray, de la Escuela de Antropología UC y CIIR; y Manuel Núñez, de la Facultad de Derecho PUCV.

La instancia de trabajo tuvo dos grandes objetivos: identificar los temas que se deben abordar respecto a los pueblos originarios, y levantar propuestas en base a cada tema, de manera de que sirvan como aporte a la discusión. En la elaboración de este documento se tuvo en cuenta que lo que ahí se presenta no va a solucionar todos los problemas de visiones entre las personas indígenas o no indígenas, pero los autores consideran que puede ser un aporte para realizar otras modificaciones en el futuro cercano.

“Se entiende que la Constitución debe ser un punto de partida de un proceso que se continuará desarrollando, dejando espacio para definiciones que irán en leyes específicas”, planteó Verónica Figueroa Huencho en el seminario virtual donde se presentó la propuesta.

El aporte de la mesa de discusión se divide en dos áreas: la reflexión sobre el tipo de Estado y el reconocimiento constitucional, y una propuesta de los derechos que es relevante reconocer a los pueblos originarios. Respecto al primer punto, los autores apuntan a establecer un criterio de multiculturalidad que acepte y valore a las diversas etnias como parte sustancial de la República.

En la línea de los derechos colectivos que deben ser incorporados a la nueva Carta Magna, el texto profundiza en seis: Derecho a la libre determinación y el autogobierno, a determinar sus propias instituciones, a la participación política, Derecho de consulta previa, Derecho consuetudinario indígena, y Derecho a las tierras, los recursos humanos y el territorio.

En el seminario en el que se presentó esta propuesta, la convencional constituyente Elisa Loncón -hoy presidenta de la Convención- manifestó que:  “La futura Constitución tiene que empezar haciéndose cargo de la violación sistemática de los derechos humanos que se ha ejercido contra las naciones originarias. Si no empezamos ahí, no vamos a lograr la profundización de la incorporación de los derechos colectivos e individuales”. Además, comentó la importancia de que en la nueva Carta Magna se impregne la visión de los pueblos indígenas en su relación con la naturaleza. “Necesitamos fortalecer el pensamiento de las naciones originarias donde la tierra es madre, donde la tierra es vida, y se cuida y se protege”.

Descentralización: mayor autonomía para los gobiernos subnacionales

Mirar el proceso constituyente como una oportunidad para sentar las bases de una organización clara y coherente del Estado, que facilite la implementación de políticas fortalecedoras del rol de las regiones y de los gobiernos locales, buscando materializar sus ventajas, pero minimizando sus riesgos.

Ese fue el punto de partida de la mesa de trabajo de descentralización, cuyas principales conclusiones están plasmadas en el documento titulado Contribuciones a la discusión constitucional: descentralización, y que tiene como autores a Carolina Helfmann y José Luis Lara, de la Facultad de Derecho UC; Ignacio Irarrázaval y Jorge Rodríguez Cabello, del Centro de Políticas Públicas UC; Rodrigo Mardones y Julieta Suárez-Cao, del Instituto de Ciencia Política UC; Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte; y Juan Andrés Varas, de la Facultad de Derecho Universidad Austral.

Como primera consideración general, los expertos proponen detenerse a reflexionar sobre los objetivos que se busca priorizar por medio del plan de descentralización. Los objetivos pueden ser de carácter político, en el sentido de que la medidas promuevan más participación e involucramiento ciudadano en las tomas de decisiones; administrativo, pensando en alinear con eficiencia las políticas con las demandas locales; y social/económico, lo que apunta a que la descentralización colabora a cerrar brechas entre los distintos grupos de la población y en que los cambios impulsen la economía local siendo ambientalmente sostenibles.  

El texto plantea que dichos objetivos deberán considerarse cuando se discuta sobre el modelo de descentralización que se quiere implementar, pues puede proponerse uno que reforme y mejore lo actualmente existente, como también pensar en un modelo de Estado unitario descentralizado que entregue mayor autonomía a los gobiernos regionales y municipales. 

Independiente de ello, los autores establecen ciertos cambios específicos que podrían aportar en la descentralización. El primero es clarificar las funciones de las autoridades regionales, dejando al gobernador a cargo de las tareas públicas de carácter regional, y al delegado presidencial como administrador de las funciones nacionales que se ejecuten en la región. 

Además, el documento plantea la necesidad de avanzar en una mayor autonomía financiera de los gobiernos subnacionales, para lo cual es importante explicitar el esquema de entrega de recursos. En temas municipales, se propone que en la nueva Constitución se entienda a los municipios como gobiernos comunales, considerando que las tareas que se les asignen deben ir acompañadas del presupuesto necesario para ejecutarlas. 

Por último, para los casos donde existan discrepancias sobre las competencias de algún nivel de gobierno, debe establecerse algún organismo encargado de dirimir, el cual podría ser tanto la Contraloría como el Tribunal Constitucional (o la entidad que se defina para el control de la constitucionalidad). 

Los resultados de las mesas de Medio ambiente y Pueblos originarios fueron presentados en dos seminarios virtuales, ante constituyentes electos, expertos y público general. Prontamente se presentarán las conclusiones de la mesa de Descentralización, y se enviarán estos documentos a todos los integrantes de la Convención.

Para Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, los aportes de estas mesas pueden ser clave para el trabajo de las comisiones al interior de la Convención Constitucional. “La redacción de la nueva Constitución nos entrega la oportunidad de avanzar en tres temas que son de gran relevancia para el desarrollo de nuestro país”. Y agrega: “Si tiene éxito, la Constitución que resulte de la Convención va a regir el destino del país por varias décadas. Lo que ahí se decida es muy trascendente. Por eso, el ideal es que los temas se discutan con un espíritu abierto, dialogante, y con evidencia e insumos técnicos como los que estamos entregando”.