¿Qué podemos hacer para enfrentar la corrupción en Chile?

“En Chile hemos tomado medidas concretas para promover la transparencia activa, la rendición de cuentas y la probidad en las instituciones. Sin embargo, queda mucho por hacer”, escribe el rector Ignacio Sánchez en la sección de cartas al director del diario La Segunda del 16 de mayo pasado.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, de Transparencia Internacional, Chile ocupa el puesto 29 (de 180 países), y obtuvo 66 puntos, en una escala de 0 a 100 (donde 0 es el mayor nivel de corrupción). Sin embargo, Si comparamos nuestra posición con años anteriores, vemos que nuestro país disminuyó de 73 a 66 puntos entre 2014 y 2016, baja que coincide con hechos de corrupción de alta connotación pública.

Como añade el rector: “Evitar la corrupción requiere de un sistema judicial que permita hacer cumplir la ley y garantizar la justicia. Para ello resulta relevante promover la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil”.

Este es precisamente el tema que abordó el ciclo de seminarios “Corrupción, ética e integridad pública”, organizado en conjunto por el Centro UC de Políticas Públicas, la Escuela de Gobierno y elInstituto de Éticas Aplicadas.

Se trató de tres instancias, disponibles en YouTube en las que se ahondó, con expertos en la materia y un panel de discusión, la corrupción en Chile, las medidas que estamos tomando y la experiencia internacional en esta materia.

“Nuestras instituciones han dado muestra de su fortaleza y profesionalismo, pero cada vez se ven menoscabadas por este tipo de acciones, dando paso a una creciente desconfianza por parte de la ciudadanía y, por lo tanto, a la pérdida de legitimidad para gobernar o cumplir su rol público”, afirmó el rector Sánchez, quien inauguró el primer seminario, reflexionando que los actos de corrupción son una realidad que no nos puede dejar de sorprender y sobre todo movilizar.

¿Es Chile un país corrupto?

El primer encuentro giró en torno a esta interrogante, para lo que el director del Centro de Políticas Públicas UC Ignacio Irarrázaval,  dio el preámbulo a la discusión, presentando una serie de definiciones al concepto de corrupción y diversos índices internacionales de percepción de esta, que ubican a Chile por debajo de países como Uruguay, en términos de mejores índices de corrupción, por sobre el resto de los países latinoamericanos. Lo anterior, junto al análisis de encuestas nacionales, demostró que la percepción de corrupción en Chile ha aumentado, evidenciando dificultad para combatirla.

En el panel de discusión participó la presidenta de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; la presidenta de la Comisión para la Probidad y Transparencia, María Jaraquemada; la directora del Instituto de Ciencia Política Umut Aydin; y Ramiro Mendoza, excontralor de la República, quienes tuvieron un amplio conceso en que Chile, no es un país corrupto, pero si hay corrupción y es un tema del que debemos estar atentos como sociedad.

Carolina Leitao, afirmó que desde su percepción, estamos viviendo dos fenómenos positivos: el primero tiene que ver con que se están haciendo evidentes los efectos de una normativa instalada ya hace un tiempo, y por otro, plantea que hoy el tema de la corrupción se volvió parte de la agenda y que existe mucha más información. “Tenemos más información que antes respecto de si hay o no hay (corrupción). Es verdad que a uno le preocupa que suban ciertos índices de percepción, pero también es cierto que eso es positivo para tomar acciones”.

Por su parte, María Jaraquemada, explicó que a pesar de que evidentemente hay corrupción en Chile, al mirar los indicadores internacionales, no califica como un país corrupto porque “no está dentro de los estándares clasificados como un país con alta corrupción, pero si nos comparamos con el tiempo hemos decaído en los últimos años”. Además, mencionó que es preocupante la gran diferencia que hay entre los datos de los indicadores internacionales y la percepción de las personas que es mucho más alta, y que Chile no tiene el nivel de penetración de la corrupción como en otros países.

En la misma línea, Umut Aydin concuerda en la afirmación de que hay corrupción en Chile y que lo que importa saber es cómo ha variado este fenómeno con el tiempo. Asimismo, dijo que algo que le sorprende en la sociedad chilena es que a pesar del enojo de la gente, no existe gran indignación, no hay movilización al respecto, “es sorprendente lo que ocurre, se queda en ‘somos un país corrupto’, estamos resignados a esa idea y no tomamos acción cuando ocurre un escándalo de corrupción”.

Ramiro Mendoza destacó dos aspectos sobre la corrupción en Chile. Por un lado, “somos cómodos ante el fenómeno de la corrupción, solemos pensar que le pasa al de al lado, o reducirlo al mundo municipal (…) y somos complacientes, no nos damos cuenta del escenario de debilidad de control en el que nos encontramos”. 

¿Qué podemos hacer para enfrentar la corrupción en Chile?

El segundo encuentro se enfocó en qué medidas podemos tomar como país para enfrentar y prevenir la corrupción en Chile.  Valeria Lubbert, secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia de la Secretaría de la Presidencia, presentó la Estrategia Nacional de Integridad (ENIP), creada a través del anuncio del presidente de la República en la Cuenta Pública en 2022. Se trata de una política hecha de manera participativa, basada en evidencia y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción del país.

Valeria Lübbert concluyó que el principal desafío es el trabajo constante y el perfeccionamiento de las herramientas que se están utilizando, donde se propone la ENIP como una línea de orientación para el trabajo: “se construyó un diagnóstico común con objetivos, y acá podríamos decir que esta es la brújula que nos dice hacia donde avanzar, y de ahí que la estrategia se plantee a largo plazo, con un horizonte de 10 años, porque los objetivos son de largo plazo, no así el plan de acción”.

En el panel de conversación, Natalia González, miembro del Consejo para la Transparencia, explicó que desde la entrada en vigencia de la Ley para la Transparencia, hace ya 15 años, desde el Consejo se han percatado de algunos hallazgos como “una deficiente cultura organizacional en torno a la importancia del principio de transparencia pública, negligencia, falta de prolijidad al dar cumplimiento a las obligaciones de la ley, falta de procedimientos, deficiente coordinación entre las unidades internas, escasa gestión documental, ineficaz control jerárquico sobre el cumplimiento de las obligaciones de la ley de Transparencia, el personal encargado de transparencia en general que no tiene un perfil adecuado para el cargo”. Concluyendo respecto de la importancia de desarrollar una cultura de integridad, que nace desde los liderazgos e instituciones.

Por su parte, Carlos Pavez, desde su experiencia en la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno, destacó como uno de los elementos más efectivos para el combate de la corrupción, la gestión y la auditoria del riesgo de corrupción. “Uno se preocupa mucho en tener un sistema que en apariencia o en la formalidad cumple con todos los requisitos, pero que a la hora de hacer evaluaciones te das cuenta de que eso no es así y que muchas veces queda en las definiciones, y finalmente no tienen los recursos ni el conocimiento para implementar bien esas prácticas y eso pasa porque no hay una adecuada evaluación de los riesgos, de que se trata”, concluyó.

Alejandra Marinovic, profesora del Instituto de Éticas Aplicadas, explicó que la ética permite lograr aquellos objetivos que se proponen como fundamentales en la materia, desde esta línea reflexionó acerca del rol de la universidad en ayudar a las personas a tener un mejor criterio ético en el terreno del trabajo de las diferentes disciplinas, “apuntar a la formación de estudiantes, de la institución y de la sociedad, en el más amplio sentido, y en particular, acortar las distancias desde la discusión académica hasta lo que viven las personas en su escritorio, banco de clases, oficina, casa, para así ayudarlos a hacer un mejor discernimiento ético de lo que bueno y lo que es malo”.

Por último, Cristián Pliscoff, director de Administración Pública, de la Escuela de Gobierno, destacó que el desafío es ir asumiendo un enfoque de la integridad más que del cumplimiento. “Debemos llegar a desarrollar una línea de investigación en estos ámbitos. Plantear estas discusiones va en línea de relevar la importancia de que cuando hay un caso de corrupción no es solamente una persona que esté involucrada, sino que hay muchas que dejan de recibir algo, dejan de beneficiarse, dejan de mejorar su calidad de vida y eso nunca hay que perderlo de vista”.

¿Qué están haciendo otros países en materia de corrupción?

El tercer y último seminario se enfocó en la experiencia de otros países en corrupción. Para esto se contó con dos presentadores internacionales, Frédéric Boehm, economista y analista político de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y Nicolás Dassen, especialista en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Frédéric Boehm presentó un reciente informe sobre anticorrupción e integridad realizado por la OCDE, respecto de las mejores prácticas y regulaciones a nivel internacional, en las que Chile aún está al debe. El líder en temas de integridad pública y anticorrupción para América Latina, recalcó la idea de que no es suficiente solo con identificar los casos de corrupción y sancionarlos, sino que “hay que pasar de una cultura más reactiva a una preventiva de integridad, que implica una gran medida de políticas que a veces no asociamos directamente con la lucha de corrupción pero que cumplen un rol importante”

En línea con la OCDE, destacó la recomendación de integridad pública de la institución, que cuenta con 13 principios bajo 3 pilares: sistema, cultura y rendición de cuentas. El primero, reconoce que hay muchos actores relevantes en el país para promover a integridad pública y luchar contra la corrupción, siendo también importante que trabajen de una manera coherente en cuanto a la prevención El segundo, de cultura, se refiere a que la lucha contra la corrupción requiere más que solo leyes, tiene que haber un impacto en la conducta de las culturas organizacionales en la administración, pero también existe una corresponsabilidad civil del sector privado y las empresas. En cuanto al pilar de rendición de cuentas, se refiere a la gestión de riesgos, sanciones, auditorias y la participación como mecanismo de rendición de cuentas social.

Por su parte, el especialista de Modernización del Estado del BID, Nicolás Dassen, en materia de transparencia, explicó las fases del acceso a la información pública, indicando que Chile se encuentra en la tercera generación. La primera etapa corresponde a la de información pasiva, cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar información; luego está la etapa de información activa, donde se promueve activamente la disposición de información. Y finalmente, la fase de transparencia focalizada, que se refiere a un acceso a la información de utilidad pensando en el usuario que la consume.

En el área de integridad pública, destacó que a pesar de que Chile no es un país corrupto, se debe trabajar un mejor sistema de prevención y de control en materias de integridad, ejemplificando que la actual legislación chilena no prevé que los funcionarios declaren su cantidad ingresos, lo que podría mejorar a través de un mejor control de la evolución patrimonial.

El panel de conversación concluyó también, que si bien Chile no es un país corrupto, es necesario avanzar aún más al respecto. En la misma línea, la directora de la Escuela de Gobierno Andrea Repetto, dijo que, si bien hay avances concretos y estamos preocupados de este tema, nos faltan cosas por hacer: “el modo de la corrupción va cambiando en el tiempo, y tenemos que estar pensando constantemente si lo que echamos a andar requiere regulación”. Además, agregó que es necesario tener un balance en que toda esta preocupación no se convierta en un exceso de restricciones que impida atender mejor las preocupaciones de la ciudadanía”.

El director del Centro UC de Políticas Públicas Ignacio Irarrázaval, explicó que esto no se trata solo del desvío de fondos públicos a fines que son distintos a las políticas Públicas, sino que “la corrupción es uno de los vectores de confianza, si no hay confianza no hay disposición a colaborar (…) porque cualquier política pública necesita de la adhesión ciudadana”

Por último, el director del Instituto de Éticas Aplicadas Juan Larraín, destacó que a pesar de que Chile no sea un país corrupto a nivel comparado, la percepción de la sociedad es muy distinta, y es importante ver cómo alineamos la realidad con la percepción. Por otro lado, destacó el rol cultural y formativo de la universidad, “tenemos una responsabilidad enorme de cómo vamos construyendo una cultura, ciudadanía y sociedad mucho más ética, entendiendo que esto es a largo plazo”.