¿Qué reformas necesita el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental?

“El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es el principal instrumento de gestión ambiental de Chile […]. Su objetivo es evaluar y mejorar proyectos públicos y privados, buscando garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental”, explicó Kay Bergamini, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, al exponer el análisis del proyecto de ley que busca reformar dicho sistema.

Convocado por el Centro de Políticas Públicas UC junto a los académicos UC Jorge Femenías de la Facultad de Derecho, Francisca Reyes del Instituto de Ciencia Política y Manuel Tironi del Instituto de Sociología, analizaron el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ingresó en julio de 2018 y se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La revisión del SEIA es necesaria porque “no ha permitido dar cuenta de la multiplicación de conflictos socioambientales, fruto de los distintos proyectos que muchas veces no tienen la aceptación de las comunidades”, aseguró el académico. “Existe una tensión permanente, al definir el SEIA, con una discusión en que, por una parte, es un organismo meramente técnico y, por otra parte, que es político, debido a que es un espacio para tomar las decisiones que impactan en la calidad de vida del país”, sostuvo Bergamini.

Las propuestas

En el documento “Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: aportes a la discusión” la eliminación del comité de ministros es considerado por los académicos como un cambio positivo porque “se suprime una instancia de arbitrariedad en las decisiones”. Sin embargo, alertan sobre la creación de tres zonas macrozonales, pues “se agrega una incertidumbre en el sistema al ser una división inédita en Chile”, por lo que apuestan por mantener las comisiones a nivel regional.

Una propuesta para mejorar la calidad apunta a instaurar un instituto o centro de referencia en materias ambientales que pueda “desarrollar investigación y apoyar técnicamente a las comisiones de evaluación”. “Creemos que hay que crear un mecanismo de certificación de competencias para el ejercicio profesional con incentivos y sanciones”, detalló Bergamini.

Otro aspecto que relevó fue el de la participación ciudadana que se amplía en el proyecto de ley, pero no aparece bien definida: “Se debe considerar la opinión de las comunidades respecto del diseño de los proyectos de inversión”.

En cuanto al acceso a tribunales ambientales se criticó que el acceso amplio a estos “podría abrir una vía a la sobre judicialización”.

“No hay que considerar solo agilizar el proyecto en el corto plazo, sino en el largo plazo disminuir la conflictividad y mejorar el proceso”, destacó el investigador, por lo que una de las propuestas es “establecer un pago por ingreso al sistema para que los proyectos estén mejor formulados desde un inicio”.

“Más que reducir el componente político debiese contrarrestarse la arbitrariedad y la captura de los espacios de decisión por actores políticos”, enfatizó Bergamini. “Es relevante que el proyecto de ley modifica la estructura de toma de decisiones ambientales”, añadió, por lo que sería apropiado realizar evaluaciones tempranas de su implementación.

Qué opinan los expertos

Tras la presentación se realizó un panel de discusión en el que participó el Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco “El SEIA ha sido un espacio exitoso de participación, todos le exigen más”, comentó y agregó: “Concuerdo que lamentablemente es el principal instrumento de gestión ambiental de Chile aunque no debiese serlo”. También se refirió a uno de los desafíos del sistema: “Cuando hay conflictos ambientales hay un desgaste gigante para las comunidades. Una de las cosas que nos debería preocupar es bajar los plazos para dirimir esos conflictos”.

Por su parte, la diputada Catalina Pérez agradeció el estudio en medio de la tramitación del proyecto y relevó la necesidad de discutir “cómo entendemos la institucionalidad ambiental en su complejidad”. “El informe da en el clavo respecto de esta relación entre lo político y lo técnico, y que ha caracterizado la discusión de la institucionalidad ambiental en Chile”, señaló.

La directora ejecutiva de Casa de la Paz, María Eliana Arntz, criticó que el proyecto de ley no se hace cargo del principio de igualdad de oportunidades: “Aquí corremos el riesgo de que comunidades con iguales cargas ambientales dependan de su poder de negociación para poder resolver la manera en que se evalúa el proyecto”. Y relevó la propuesta de contar con un fondo de financiamiento que permita a las comunidades “contratar sus asesores y financiar sus procesos de deliberación”.

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Revisa la presentación, audio y fotografías del seminario Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aquí.Lee Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: aportes a la discusión.