Rector se refiere a la reforma a la Educación Superior en publicación científica latinoamericana

El rector Ignacio Sánchez se refiere al proyecto de ley presentado por el gobierno a la reforma de la educación superior en Chile, actualmente en pleno debate y proceso de análisis en el Parlamento, en un artículo que publica la Revista de Educación Superior en América Latina, ESAL, en su primer número, aparecido recientemente. La idea de crear una publicación para expertos en este ámbito surgió en el Encuentro de Expertos que tuvo lugar en Cartagena y Barranquilla, Colombia, en marzo de 2016.

En el texto, la autoridad señala que ésta es una reforma necesaria dada sus implicaciones para el futuro del país, que es importante recordar que la última reforma tuvo lugar hace 35 años, y que desde entonces, el sistema ha crecido y cambiado considerablemente. Sin embargo, precisa que a pesar de la presión sobre la necesidad de esta reforma y sus objetivos - calidad con una mayor equidad y la creación de nuevo conocimiento-, el proyecto de ley actual incluye algunos elementos que son motivo de preocupación y de un malestar generalizado. “Se necesitan mejoras en la definición de conceptos como la educación para el futuro, la función pública de las universidades, un trato justo, autonomía, los aspectos que intervienen en la regulación del sistema, estímulo a universidades regionales; relevancia de la educación técnica y profesional y financiamiento a los estudiantes e institucional. Todos estos son elementos cruciales que influirán significativamente en la calidad del proyecto”, declara.

Función pública ignorada

En su artículo, Ignacio Sánchez sostiene que es importante analizar el documento: “No hay una definición clara del sistema de educación superior sistémico, amplio y diverso que queremos para el país. Tampoco hay una definición de la función pública de la universidad. Esta función sólo se describe desde la lógica de las universidades estatales”. También sostiene que el proyecto de ley no considera la contribución que las instituciones tradicionales han hecho al país durante décadas. Las instituciones agrupadas en la red conocida como G9 (universidades tradicionales no estatales), expresan este compromiso público a través de la labor que hacen en la formación, investigación y propuestas ofrecidas a los ciudadanos chilenos. La diversidad en el sistema debe ser valorada, sin olvidar que la calidad es la prioridad.

La autonomía de las instituciones está amenazada

Un aspecto relevante de analizar según el rector, es la autonomía de las instituciones, a través de la regulación del sistema, su transparencia y garantía de calidad. El sistema requiere que se desarrolle una nueva estructura institucional, que se evalúe el sistema de admisión y se establezca un proceso regulatorio más fuerte que garantice la transparencia financiera y de información para padres y estudiantes. La nueva estructura institucional, que en el proyecto de ley incluye una subsecretaría, una superintendencia y un consejo de calidad, “debería de permitir a las universidades el crecer y desarrollarse con calidad; no debe establecer sobre regulaciones que sólo burocratizan el sistema y convierten al Estado en un simple controlador”, manifiesta. También enfatiza que  el actual proyecto de ley, además de ser desfavorable para la calidad de las instituciones, presenta un riesgo importante para su autonomía, siendo esta autonomía un aspecto crucial para el crecimiento y desarrollo del sistema. “Existe una sobre regulación por parte del ministerio. Además, la regulación sobre las cuotas de inscripción (la matrícula) es un intento para controlar a las instituciones”, remarca. Y plantea que si queremos construir una estructura para el futuro, la subsecretaría debe ser la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar políticas y programas; el nuevo consejo de calidad deberá estar orientado a mejorar el sistema de acreditación, evaluación continua y asistencia a las instituciones. Además, agrega que la superintendencia debe tener un papel de supervisión en el área financiera, así como en calidad, información y demandas (querellas).

El desarrollo de las universidades regionales

Según advierte Ignacio Sánchez, el proyecto reforma a la educación superior no dice nada acerca de estimular el desarrollo de las universidades regionales, sean éstas estatales o de función pública, si bien estas instituciones son fundamentales para el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. “Si no entendemos el estímulo regional como tal, no seremos capaces de impulsar un proceso de real descentralización y asegurar que el país ofrezca oportunidades equitativas de crecimiento. Además, es necesario fomentar la educación técnica y profesional, que es crucial para el desarrollo sostenible del país; no hace falta decirlo, pero agrupa a los estudiantes más vulnerables”, asegura.

Financiamiento público y una educación universitaria gratuita

Para el rector, es altamente preocupante lo que señala el proyecto sobre el financiamiento público, especialmente respecto a la educación universitaria gratuita, la regulación de aranceles y fondos basales para las instituciones de función pública. El proyecto de ley, mediante la introducción progresiva de la gratuidad en la educación superior, orientada a los estudiantes más vulnerables, tiene como objetivo avanzar en la inclusión y la igualdad de oportunidades.Sin embargo, explica que existe un gran riesgo de debilitar la calidad de los proyectos educativos, debido a los escasos fondos públicos y los ajustes económicos que las instituciones tendrán que experimentar para apoyar esta política pública. De tal modo que, el fijar los aranceles sin tener en cuenta los elementos antes mencionados, -calidad y diversidad del sistema- constituye una amenaza real para la autonomía universitaria. Por otra parte, agrega que los fondos basales para las universidades son esenciales para desarrollar la investigación y crear nuevos conocimientos en el país. Es necesario incrementar estos fondos y fortalecer los procesos de rendición de cuentas. El proyecto de ley elimina estos fondos basales y los reemplaza con un fondo competitivo de investigación y creación artística, lo cual genera gran incertidumbre en el sistema e impide que las instituciones planifiquen a largo plazo.

El proyecto de ley representa un retroceso para la educación superior

“Me gustaría resumir los aspectos más importantes, que, en mi opinión, deberían incluirse en el proyecto de ley”, señala. Y luego precisa en primer lugar, el reconocimiento de la función pública, la cual supera claramente la idea de institución estatal. En segundo lugar, la estructura institucional debe ayudar a ordenar un sistema liberalizado, pero evitando que la superintendencia, la subsecretaría y el consejo de calidad sobre regulen, ya que socava la autonomía y el desarrollo universitario. En tercer lugar, se le debe de dar atención al estímulo regional. En cuarto lugar, es importante que el proyecto articule apoyo para la ciencia y la creación de nuevos conocimientos. En quinto lugar, la situación actual con el crédito patrocinado por el Estado, conocido como CAE, debe ser minuciosamente analizada, actualizando sus condiciones y aumentando la flexibilidad de pago. En sexto lugar, la formación técnica y profesional se debe considerar con una nueva perspectiva, valorando su contribución y relevancia para el desarrollo del país. Luego y como consecuencia de lo anteriormente dicho, agrega, “es necesario establecer un financiamiento estudiantil a través de una propuesta de libre acceso centrada en los estudiantes más vulnerables, con un apoyo adicional en becas y préstamos”. Respecto de la financiación institucional, sostiene que se debe fortalecer (no eliminar) los fondos basales para las universidades de función pública y crear un nuevo fondo para la investigación que esté disponible para todas las instituciones. “El actual proyecto de ley es un claro retroceso para la educación superior del país. Por ello, es urgente que se le analice y se le mejore significativamente en el Congreso". , enfatiza la autoridad UC.

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