Reforma de la Educación Superior

“Desde la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior, ha quedado de manifiesto que hay varios aspectos que corregir, en especial en las áreas de la acreditación y del financiamiento del sistema. El desafío es avanzar en los temas en que hay grandes acuerdos y transitar hacia una educación superior acorde a los desafíos que se viven.

“Desde la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior, ha quedado de manifiesto que hay varios aspectos que corregir, en especial en las áreas de la acreditación y del financiamiento del sistema. El desafío es avanzar en los temas en que hay grandes acuerdos y transitar hacia una educación superior acorde a los desafíos que se viven"-Rector Ignacio Sánchez.

Una de estas modificaciones tiene relación con el rol que se le asignó a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en términos de evaluar, acreditar y promover la calidad de las instituciones de educación superior (IES). Se estableció la acreditación institucional integral obligatoria, la eliminación de la acreditación voluntaria de programas y carreras y la elaboración de nuevos criterios y estándares. Las propuestas sugieren una exhaustiva regulación del sistema, mediante un gran número de criterios y estándares para recibir el nivel de acreditación. Sin embargo, los criterios que se han conocido no recogen la variedad, diversidad y calidad de los proyectos de las IES del país. Las correcciones a estas propuestas están siendo analizadas por la CNA. El financiamiento estudiantil es otro de los aspectos clave en el desarrollo de la educación superior.

El acceso y las oportunidades de cursar estudios superiores no pueden depender de la capacidad de pago de las familias y de los estudiantes, por lo que es deber del Estado presentar opciones para alcanzar este fin. Las becas y créditos habían sido los instrumentos utilizados para ello en nuestro país hasta que se introdujo la política de gratuidad, hace cuatro años. Los fundamentos de gratuidad se basaron en la educación como un derecho social, en facilitar el acceso y aliviar el presupuesto de las familias más vulnerables.

"Se deben incorporar cambios a la actual reforma para corregir las falencias que han quedado en evidencia. Este desafío ha sido asumido por el Consejo de Rectores, el que se abocará a presentar propuestas a evaluar en el parlamento y con el Ejecutivo”- Rector Ignacio Sánchez.

Ahora bien, los aspectos positivos de esta política pública no pueden dejar de lado sus complejidades: un financiamiento parcial de la gratuidad universitaria, con aranceles regulados que subestiman los costos de la docencia; el déficit financiero que significa el retraso que presentan los estudiantes; la fijación de los aranceles a los estudiantes de los deciles séptimo al noveno que no están afectos a gratuidad; el estancamiento de los fondos basales de financiamiento universitario, y la ausencia de nuevos fondos de investigación y desarrollo, tanto del Estado como del sector privado. Es decir, los cambios en el financiamiento han sido un efecto de suma cero: se modificó el aporte privado por el público, sin agregar recursos al sistema. En resumen, se deben incorporar cambios a la actual reforma para corregir las falencias que han quedado en evidencia. Este desafío ha sido asumido por el Consejo de Rectores, el que se abocará a presentar propuestas a evaluar en el parlamento y con el Ejecutivo”.