Reinserción femenina en Chile: inédito estudio UC sobre mujeres que transitan hacia la libertad

¿Qué ocurre con las mujeres privadas de libertad una vez que salen de la cárcel? ¿Qué dificultades particulares enfrentan de acuerdo con su género y contexto? Son preguntas que responde la primera investigación en Chile que aborda la reinserción, en este caso, de las mujeres privadas de libertad.

Nuestro país ocupa la segunda posición en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) que lideran la tasa de personas encarceladas, con 266 presos cada 100 mil habitantes. Esta alta cifra ha impulsado la investigación del área. Sin embargo, hasta ahora no existían datos que permitieran diferenciar la realidad que enfrentan las mujeres tras pasar por el sistema carcelario nacional.

“El paso de las mujeres por la cárcel tiene costos sociales que se extienden a sus familias e hijos. Las mujeres han sido olvidadas, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además en cuanto a la investigación de los factores que inciden en el desarrollo de sus carreras delictuales”, explica la encargada de la investigación y académica del Instituto de Sociología UC (ISUC), Pilar Larroulet. En este contexto surge la propuesta del Centro de Estudios Justicia y Sociedad del ISUC, fundación San Carlos de Maipo y fundación de Colunga de explorar el proceso de reinserción femenina. El estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile siguió a 225 mujeres que egresaron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago a lo largo de su primer año en libertad.

Uno de los principales hallazgos del estudio muestra que las mujeres no sólo cargan una historia de victimización y marginalidad, sino que una vez que egresan de la cárcel, vuelven a un entorno carente de oportunidades para la inclusión social y chocan con un Estado ausente. “Las mujeres privadas de libertad han sido invisibilizadas e ignoradas desde hace mucho tiempo. Comprender las trabas con las que se enfrentan al salir de la cárcel nos tiene que ayudar a generar mejores políticas y programas que impacten en ellas y en sus familias. Creemos firmemente que trabajando juntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil podemos hacer la diferencia en este ámbito y dar una oportunidad real de inserción, aportando así a reducir la pobreza y exclusión en nuestro país”, afirma Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga.

En términos de inserción social, uno de los principales obstáculos es la dificultad para encontrar empleo. “Las mujeres que egresan de la cárcel ya cargan con historias laborales precarias, baja escolaridad y escasa capacitación para integrarse a trabajos remunerados, sobre todo a aquellos que son más estables y mejor pagados”, señala por su parte Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro Justicia y Sociedad del ISUC.

Un aspecto fundamental de la investigación se relaciona con las diferencias que presenta la población femenina en términos de sus características personales, sociales y delictuales. Cerca de un tercio (33%) de las mujeres entrevistadas se habían iniciado de adultas en el mundo delictual, cumpliendo condenas por delitos de drogas, presentando menor abuso de sustancias y muy bajos porcentajes de reincidencia delictual al año de egreso (14%).

Un segundo grupo presentaba un inicio delictual más temprano, con mayor prevalencia de problemas de abuso o dependencia de drogas ilícitas (sobre el 50%) y condenas asociadas a delitos contra la propiedad. Estas tienen, además, una mayor probabilidad de reincidir en delito y de hacerlo tempranamente, presentan también menor probabilidad de empleo y mayor inestabilidad residencial.

Si bien un 83,8% cree que es importante encontrar trabajo a la salida de la cárcel para su proceso de reinserción, un 31% declara que han tenido mucha dificultad para buscar trabajo y un 29% señala lo mismo para obtener dinero y así mantenerse. Si bien un 36% ha tenido un trabajo remunerado al menos una vez durante el año, esto no implica necesariamente formalidad y estabilidad, ya que sólo la mitad de ellas tenía contrato y cotizaciones (52%). En este contexto aparece el problema del sub-empleo, donde un porcentaje importante de ellas accede a algún trabajo (67%), pero el tipo de trabajo al que acceden es precario.

Otro aspecto importante a relevar tiene que ver con que el 89% de las entrevistadas es madre, de las cuales el 62% tiene hijos menores de 18 años. “Los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes, no sólo cuando la madre está privada de libertad, sino también cuando mantiene conductas infractoras. Evidentemente, es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas", manifiesta Marcelo Sánchez, gerente general de la fundación San Carlos de Maipo.

Por otro lado, en términos de vivienda, los resultados dan cuentan de una alta inestabilidad residencial. Solo un tercio de las mujeres declara haber vivido en un solo lugar durante los últimos 12 meses y un 13% haber residido en cuatro o más lugares.

A los 12 meses post egreso, un 40% de las mujeres presenta síntomas de abuso y/o dependencia de drogas, porcentaje similar al que existía al salir de la cárcel. La presencia de consumo de drogas está relacionada además con otras variables, como mayor inestabilidad residencial y menor empleo. En términos de reincidencia delictual, un 47% de las mujeres declara haber vuelto a delinquir.

Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifesta que “tenemos que entender que la reinserción debe seguir caminos adecuados a la realidad de cada persona. No es igual la forma de hacerlo entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos o entre condenados por delitos violentos u otros sancionados por delitos económicos”.