UC y Subsecretaría de DDHH firman convenio que fortalece Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia

En el Sala del Honorable Consejo Superior se firmó un convenio entre la Pontificia Universidad Católica y la Subsecretaría de Derechos Humanos para fortalecer el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia. Esta colaboración representa un paso significativo en la búsqueda de verdad, justicia y memoria para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UC, Ignacio Sánchez y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla acompañados por destacados académicos, académicas y representantes de ambas instituciones.

Este acuerdo suma esfuerzos entre el Estado y la academia para avanzar en la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas, fortalecer la memoria histórica, fomentar la educación en derechos humanos y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto a la dignidad humana.

Este acuerdo suma esfuerzos entre el Estado y la academia para avanzar en la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas, fortalecer la memoria histórica, fomentar la educación en derechos humanos y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto a la dignidad humana.

Un esfuerzo conjunto por la verdad y la justicia

En sus palabras, la subsecretaria Daniela Quintanilla destacó que "con esta alianza se integra el conocimiento académico y la acción estatal en un esfuerzo conjunto por encontrar respuestas y garantizar justicia. Es un paso significativo para fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda y avanzar en el respeto a los derechos humanos de nuestro país".

Por su parte, el rector Ignacio Sánchez expresó que este acuerdo es un paso significativo hacia el esclarecimiento de los hechos que han marcado nuestra historia reciente y hacia la construcción de un país más justo y reconciliado: "Hoy, más que nunca, es fundamental avanzar hacia una convivencia en paz y para ello necesitamos que las relaciones humanas, políticas e internacionales se fundamenten en principios esenciales como son el respeto por la dignidad de cada persona, la búsqueda permanente de la verdad, la promoción de la justicia y la práctica de una solidaridad activa. La firma de este convenio reafirma nuestro compromiso con estos valores y nos invita a seguir colaborando de manera concreta con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”

"Con esta alianza se integra el conocimiento académico y la acción estatal en un esfuerzo conjunto por encontrar respuestas y garantizar justicia"- Daniela Quintanilla, subsecretaria de DDHH

En ese mismo sentido, Paulina Zamorano, jefa del programa de derechos humanos de la subsecretaria señaló que "el Plan Nacional de Búsqueda es una política que construimos entre todas y todos, por lo que la suscripción de este convenio constituye un sostén fundamental para permanencia de esta política, permitiendo articular e integrar los distintos saberes en pos de los objetivos del Plan”. 

"La firma de este convenio reafirma nuestro compromiso con estos valores y nos invita a seguir colaborando de manera concreta con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”- Ignacio Sánchez, rector

El convenio también se traduce en un valioso aporte desde la investigación y el análisis interdisciplinario. Marcela Cornejo, directora de la Escuela de Psicología UC y gestora del convenio detalló que esta firma sella colaboraciones académicas entre la Escuela de Psicología y el Instituto de Historia de la UC en apoyo al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. “Las investigaciones que realizamos desde la universidad generan conocimientos que permiten realizar aportes en políticas públicas y en temáticas país tan relevantes como esta, que busca conocer el paradero y las trayectorias de las personas que aún están desaparecidas a causa de la dictadura civil y militar”, manifestó.

Hacia un futuro con memoria y justicia

El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia se nutre de diversas perspectivas para garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias, así como para consolidar una memoria colectiva que asegure la no repetición de las vulneraciones a los derechos humanos. Este convenio refuerza la voluntad del Estado y la academia de avanzar en esa dirección, contribuyendo a un país que construye su futuro sobre la base de la verdad y el respeto por la dignidad humana.