Rector y reforma a la Educación Superior: Un proyecto que no cambia

La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior (ES). Hubo negociaciones de última hora para aprobar la discusión en particular de la iniciativa.  “Es muy importante analizar y mejorar las indicaciones sustitutivas al proyecto, ya que nuestro país requiere una real actualización de su marco de ES”, señala el rector Ignacio Sánchez en una carta que publicó  El Mercurio, este jueves 4 de mayo.  Sin embargo, agrega, es necesario avanzar en una buena ley, una que nos acerque al mundo desarrollado, en relación a sus objetivos, alcances y metas a lograr. “Lamentablemente nada de esto se presenta en este nuevo proyecto que se aprobó para su discusión. Para fundamentar esto, es necesario analizarlo al menos en cinco aspectos”, dice.

Sostiene,  en primer término, que las declaraciones iniciales de la valoración de lo público y de la diversidad del sistema no se expresan en los cambios requeridos, ya que se observa un interés prioritario y focalizado en el sistema estatal, -que además será motivo de un proyecto de ley especial-, desatendiendo al resto del sistema.

Segundo, en relación a la institucionalidad, regulación y aseguramiento de la calidad, manifiesta que las indicaciones sustitutivas representan una gran desilusión. Así, no hay una mención de los mecanismos para la incorporación de nuevas instituciones de carácter público al Cruch, lo que es necesario y justo de realizar. Se mantiene un sistema de admisión administrado por la subsecretaría y se controlan los cupos y aranceles. Por su parte, las acciones de la superintendencia son muy restrictivas y no están acordes a la realidad y compromiso universitario con el desarrollo del país. De igual forma, la agencia de la calidad persiste con gran participación de funcionarios de designación política. “Todos estos aspectos afectan de manera significativa la autonomía universitaria”, asegura.

Un tercer aspecto que destaca la autoridad  es que no hay una atención prioritaria a las universidades regionales ni a la educación técnico-profesional, dos áreas descuidadas en el pasado y que requieren una fuerte inversión y mejores condiciones para su desarrollo.

Como un cuarto punto apunta que no existe una preocupación por la investigación, innovación y transferencia de conocimiento, aspecto fundamental en un proyecto que mira al futuro desarrollo del país.

En quinto lugar,  agrega que se requiere mejorar de manera significativa la propuesta de financiamiento, tanto estudiantil, como institucional. En el caso de los estudiantes, “se debe planificar una política de gratuidad focalizada en los más vulnerables, con aranceles calculados en base a los costos reales de las universidades de mayor calidad”.  El aporte extra que considera la acreditación en investigación es un avance, dice.  Por otra parte, el sistema de crédito debe ser modificado, eliminando a la banca privada del CAE, ofreciendo un modelo similar al Fondo Solidario.  En el aspecto institucional, se valora la mantención de los aportes basales, -claves para generar in vestigación y nuevo conocimiento-, sin embargo,  todas las universidades del Cruch, estatales y no estatales, deben tener los fondos del convenio marco y basal por desempeño incorporadas a la ley, para no estar sujeto a la discusión presupuestaria anual. El G9 no apoyará otra propuesta, ya que la función pública de las instituciones del Cruch debe sostenerse con un apoyo explícito del estado.    

Como se puede apreciar, enfatiza,  el proyecto avanza sin cambios de fondo, que son los que el país requiere para proyectarnos a futuro.  Y agrega: “Estamos a tiempo, pero se requiere conocimiento, experiencia y decisión para realizar los cambios que el proyecto requiere. Hasta ahora, estos no se han realizado, por lo que hay una tarea urgente”.

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